Un comité de expertos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEA) ha retratado la represión sistemática y continua que padece Venezuela. La abogada y defensora de Derechos Humanos, Támara Sujú, que ha colaborado en el Informe, ha relatado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en una rueda de prensa a la que ha asistido LA RAZÓN.
El presidente de la OEA, Luis Almagro, solicitó a un panel de expertos que iniciará una investigación para determinar si en Venezuela se estaban y están cometiendo delitos contra los derechos humanos con el objetivo de presentar dicho documento ante la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar un proceso judicial contra todo el aparato de Nicolás Maduro. El comité integrado por Santiago Catón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles, jurista costarricense que trabajó en la CPI e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia de Canadá, ha demostrado las atrocidades sufridas por los venezolanos en un informe demoledor.
Al menos siete crímenes de lesa humanidad han sido constatados por el panel experto de la OEA y que vulneran el Estatuto de Roma, el documento formal de la CPI: muertes en el marco de manifestaciones, detenciones y privaciones de libertad, torturas, violaciones y abusos sexuales, persecuciones, desapariciones y actos inhumanos. Támara Sujú, que ha colaborado en el Informe, se ha encargado de recopilar los tremendos casos de represión sistemática y de denunciar a alrededor de 100 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, incluido él mismo.
Sujú ha relatado cómo los presos políticos venezolanos están siendo maltratados de forma cruel e inhumana y cómo se vulneran sus derechos. »Hemos verificado que algunos presos han pasado más de 45 días detenidos sin haber sido presentados ante un tribunal. Todo ello para limpiar los golpes a los que habían sido sometidos» ha afirmado la activista venezolana en alusión a las detenciones que se suceden diariamente en el país iberoamericano donde la mayoría de los detenidos son civiles pero que son presentados ante tribunales militares.
Una persecución política que, especialmente desde la dictadura de Maduro, se ha extendido a todos los niveles sociales. Alcaldes, gobernadores, periodistas, familiares y todos los venezolanos son objeto del brutal sometimiento político. Támara Sujú ha corroborado que en el 70% de los casos de detenciones han podido confirmar que se han producido violaciones y delitos sexuales. Unos abusos que se han cometido contra todo tipo de personas, desde a una joven de 19 años como a un señor de 67 años.
El brazo represor de Maduro también ha empezado a actuar en contra de los militares. Muchos de ellos son investigados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que, según, Sujú es la única vía posible para que la dictadura pueda tambalearse. »El gobierno está débil. Las Fuerzas Armadas les mantienen en el poder y la detención de coroneles, generales y altos cargos puede hacer que todo explosioné en cualquier momento» ha sentenciado la experta en derechos humanos. Y es que, como recoge el Foro Penal Venezolano, en lo que va de año 40 militares han sido encarcelados.
El Informe en el que ha colaborado Támara Sujú también denuncia a 96 altos cargos venezolanos por su participación en estos crímenes. Sujú ha explicado a los medios que la represión de Maduro es política de estado y que los ejecutadores son tan culpables como los que mandan. »Está planificado desde el presidente y toda su estructura. Son ellos los que deben ser acusados ante la CPI y en especial el General Hernández Dala, el Coronel Franco Quintero y el General Balsa Leota que son los que dictan las detenciones. El régimen de Maduro a lo único que tiene miedo es a acabar en la cárcel o a que les toquen su dinero» ha revelado Sujú.
Un largo proceso espera aún hasta que se pueda producir algún tipo de acción por parte de la CPI. Por un lado, el Informe de la OEA ha sido remitido a la Corte como acusación personal por parte de Luis Almagro, ya que el organismo no tiene capacidad de denuncia, y para activar el proceso acusatorio la fiscal de la CPI tendría que recibir la autorización previa de un grupo de jueces. Mientras que, por otro lado, si un estado firmante del Estatuto de Roma denuncia a Venezuela de forma directa, la Corte debería de activar el artículo 14 automáticamente, un hecho que aún no se ha dado en el Tribunal.
La Unión Europea (UE) ha aumentado las sanciones impuestas contra el gobierno de Nicolás Maduro pero sigue demandando unas elecciones democráticas en Venezuela ante los comicios del 20 de mayo que la comunidad internacional no ha reconocido. En declaraciones a LA RAZÓN, Támara Sujú ha subrayado que »la UE debería hacer más y sancionar a todos los funcionarios que denuncia el Informe como inductores de crímenes de lesa humanidad».
La respuesta internacional a las atrocidades del régimen bolivariano de Maduro es la única esperanza que posee el pueblo venezolano de acabar con la tremenda dictadura. El desabastecimiento de productos básicos, la hambruna y la falta de medicamentos es una constante. Sujú ha narrado como la semana pasada un grupo de médicos expresó su indignación y dolor a través de las redes sociales debido a que sus pacientes fallecen ante su impotencia de no contar con todas las herramientas para salvar sus vidas. Poco después, fueron brutalmente reprimidos por las autoridades. Venezuela está sumida en el miedo y clama por su salvación.
