En el siglo XIX, la tierra. En el último tercio del siglo XX, la empresa pública. Respetando las diferencias de cada caso, fueron objeto de operaciones políticas de gran trascendencia: una "desamortización" que se proponía liberar recursos de capital y entregarlos al mercado para beneficio general.
Lo que parecía claro en la
intención, lo fue mucho menos en el resultado. Vale la pena recordarlo cuando en
el arranque del XXI, las cajas de ahorros aparecen como objeto de una tercera
desamortización.
La desamortización de la tierra
-desde finales del XVIII hasta bien avanzado el XIX- pretendía la transformación
de una sociedad atrasada. La resistencia de la Iglesia a la confiscación de su
patrimonio acaparó la atención de contemporáneos e historiadores. Quedó en la
penumbra que una parte muy sustantiva de lo incautado correspondía a bienes
comunales arrebatados a los Ayuntamientos y otras entidades locales.
Los promotores ilustrados de la
desamortización entendían que una distribución de la propiedad agraria entre los
campesinos pobres tendría efectos positivos en lo económico y en lo político:
configuraría una estructura de la propiedad semejante a la de los países más
avanzados y liberaría energías para el progreso colectivo. Pero la gestión de la
desamortización no se propuso una distribución equitativa de la propiedad:
apuntó a obtener los máximos ingresos para la Hacienda pública y del modo más
rápido.
Los tenedores de los títulos de
deuda pública pudieron utilizarlos para adquirir tierra desamortizada: estaba
claro que entre ellos no figuraban los campesinos pobres o los jornaleros. ¿Qué
resultado produjo aquella gran operación? El dictamen de los historiadores es
concluyente. No alteró la estructura de la propiedad (Herr). Cambió de manos,
pero respetó o incluso acentuó el latifundismo en las zonas meridionales sin
modificar demasiado la propiedad en otras regiones.
En boca de un autor de talante
liberal, "las víctimas de la desamortización fueron la Iglesia, los municipios y
los campesinos pobres y proletarios agrícolas" (Tortella). Tampoco avanzó la
sociedad española. Con la desamortización se desaprovechó una oportunidad
histórica, agravando desigualdades sociales y provocando violentos conflictos
agrarios hasta la misma guerra civil de 1936.
Salvando lo que haya que
salvar en toda analogía, la privatización de la empresa pública en el último
tercio del siglo XX siguió también un curso discutible. Movidos por el
doctrinarismo neoliberal y por la necesidad de recaudación, los Gobiernos de
Felipe González y de José M. Aznar "liberaron para el mercado" a empresas
públicas o participadas por el Estado: Endesa, Repsol, Telefónica, Tabacalera,
Iberia, Aldeasa, Argentaria, etcétera. También y especialmente las que obtenían
resultados positivos.
Uno de los argumentos esgrimidos
fue la necesidad de favorecer la competencia libre, asegurar una mayor
eficiencia y con ello beneficiar a los usuarios. ¿Ha sido este el resultado? No
parece que tales privatizaciones hayan liberado a los ciudadanos-consumidores de
la posición dominante de los grandes proveedores. No han transformado de modo
sustancial su carácter oligopolista. Y el gobierno interno de estos
"latifundios" industriales y de servicios tampoco da ahora muestras
espectaculares de mayor transparencia y responsabilidad ante usuarios,
stakeholders y pequeños accionistas. Buena lección tal vez para prepararse para
nuevas privatizaciones en lo que queda del sector público.
Con la reforma de las cajas, parece
llegar una "tercera desamortización". La gran crisis exige ahora
operaciones de salvamento para algunas cajas, aunque no para todas ellas. Pero,
a diferencia de la nacionalización temporal de la banca privada emprendida en
Reino Unido o incluso en Estados Unidos, España opta por entregar esta "banca
social" al capital privado. Percibidas por algunos como una anomalía del
capitalismo financiero cuando en realidad suplían algunas de sus carencias, las
cajas han sido objeto del asedio continuo de sus competidores: la banca privada.
Es cierto que en algunos casos
han sido también víctimas de sus propios errores. O, mejor, de los errores de
algunos de sus responsables, seducidos por prácticas y modelos de una banca
mercantil contra la que competían. Es esta banca -española o internacional- la
que ahora espera reforzar su posición oligopolista con la "desamortización" de
las cajas. Con ella es previsible la evaporación de su aspecto social que no se
limita a la "obra social", sino que se extiende a la prestación de servicios
financieros a sectores poco atendidos por otras instituciones.
De la información disponible, se
desprende que entre los responsables actuales de algunas cajas hay quienes no
renuncian a salvaguardar su carácter y objetivos característicos. Les honra. Me
pregunto, sin embargo, si han intentado movilizar el apoyo ciudadano -y no solo
el de algunas élites- que pudiera reforzarles en la dura batalla entablada.
Porque no se trata de una disputa entre expertos financieros y económicos que
sostienen propuestas técnicas diferentes. Es una batalla política con
consecuencias que recaerán sobre toda la sociedad y, especialmente, sobre los
sectores populares.
Tratados solamente como clientes
o como impositores, no se ha trasladado a los ciudadanos todo lo que se juega
para sus intereses en esta nueva "desamortización". Se ha olvidado así un aliado
imprescindible cuando se ventilan asuntos políticos en el sentido más genuino
del término. ¿Estamos a tiempo de corregir este olvido?
Josep M. Vallès es catedrático de
Ciencia Política (UAB).
