Más del 20% de los embarazos tratatos por la medicina pública o los centros de planificación familiar de la provincia de León acaban en abortos voluntarios en clínicas privadas, según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, referidas al año 2002,..
DIARIO DE LEÓN 20 DE Junio de 2004
Durante 1992 Sanidad registraron en León 3.199 nacimientos y 699 demandas para interrumpir la gestación. No se ha declarado ningún caso de violación ni de madres adolescentes de menos de 15 años
- En 668 de 694 casos se ha alegado riesgos para la «salud mental de la madre» y en sólo 22 para el feto.
- La objeción de conciencia de los médicos deja el negocio en manos de unos pocos.
- «Tuvimos el peor caso en Asturias con una niña de 12 años violada por su tío».
- «Nos han puesto palillos en la cerradura, pero nada más».
Por A. Núñez
Más del 20% de los embarazos tratatos por la medicina pública o los centros de planificación familiar de la provincia de León acaban en abortos voluntarios en clínicas privadas, según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad, referidas al año 2002, de acuerdo con las cuales frente a 3.199 nacimientos hubo no menos de 694 abortos provocados, sin contar los que se producen de manera espontánea (otro 5%, segun los ginecólogos). León es la segunda provincia de la autonomía en número de interrupciones voluntarias del embarazo, sólo superada por Valladolid, con 793 casos durante el mismo año, y muy por encima del resto: el doble que Burgos y Salamanca y entre cuatro y cinco veces más que la media de todas las otras. A nivel nacional León ocupa el puesto número 25, un lugar intermedio y proporcional a su población sobre un total de 77.125 abortos cada año en el conjunto de España.
Paradójicamente lo abultado del numéro de abortos y su porcentaje en relación con el total de embarazos en una sociedad ya de por sí escasamente proclive a las familias numerosas no guarda ninguna relación con los supuestos que parecerían más lógicos en normativas de este tipo: en el año 2002 no hubo ni un sólo caso de adolescentes embarazadas y menores de quince años que precisaran este tipo de asistencia, en tanto que las de menos de 19 años sumaron un total de 71 casos, apenas un 10% del total. Por el contrario, las estadísticas se disparan entre los 20 y 25 años de edad de la mujer (205 casos), hasta los 29 (138 embarazos interrumplidos de forma artificial) y, sobre todo, a partir de los 30 años, con 260 casos en el ejercicio 2002, algo que puede achacarse a cualquier cosa menos a la desinformación de la mujer por razones de edad y siglo.
Casi nadie repite
Según las estadísticas oficiales, más de la mitad de las mujeres se someten a este tipo de operaciones sin haber tenido antes hijos, en tanto que otro 20% cuentan ya con uno y un porcentaje similar con dos. También paradógicamente las que tiene ya tres o más prefieren no interrumpir su embarazo, lo que contradice, a su vez, la teoría de quienes ven en necesidades económicas familiares una de las claves de las demandas de abortos.
Igualmente, tampoco resulta demasiado convincente, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la idoneidad de este método para liberar a la mujer de cargas que repriman su sexualidad, anticonceptivos aparte: el 80% de las que interrumpen sus embarazos lo hacen por primera vez, pero apenas otro 10% repiten una segunda y son muy raras las que pasan más veces por la clínica.
A falta de explicación oficial en las publicaciones de Sanidad, los ginecólogos apuntan que cualquier aborto es un trauma para la madre frustrada y que la escasa reincidencia en este tipo de operaciones clínicas puede deberse tanto a la escasa juventud de las pacientes primerizas como a la de la propia normativa, que data de hace sólo once años y apenas ha dado tiempo a que la práctica se generalice, o a ambas cosas a la vez. El cuadro estadístico sobre abortos en la provincia de León se corresponde casi milimétricamente con la media del conjunto del país sin más variaciones que las referidas al porcentaje de población y con pequeñas oscilaciones a la baja en los núcleos rurales de población más envejecida.
En 668 de 694 casos se ha alegado riesgos para la «salud mental de la madre» y en sólo 22 para el feto
Las alegaciones para justificar la interrupción voluntaria del embarazo, nombre con el que eufemísticamente los legisladores aprobaron en su día la ley del aborto, contemplan varios supuestos que lo justificarían moral y eticamente: casos de violación, malformaciones del feto y riesgos para la salud física o mental de la madre, supuestamente para resolver situaciones extremas o críticas.
La realidad social, sin embargo, se ha colado entre la letra menuda de la ley, de forma que ésta se aplica con tal manga ancha que casi todo vale. He hecho, sólo en un mímina parte de los casos se tiene en cuenta la futura salud o malformaciones del fecho -menos de un 3% en la más benévola de las estimaciones- mientras que en el 97% restante se alega problemas para la salud física o mental de la madre: lo primero es dudoso también en la inmensa mayoría de los casos, dada la juventud de las pacientes, que en sus cuatro quintas partes tienen una edad de entre 20 y 35 años, y lo segundo es la coartada más recurrida, según reconocen los médicos, tantos los pocos que realizan abortos como los que no.
En cuanto a la salud maternal las patologías más alegadas en los partes médicos son casi invariablemente estados de depresión o de ansiedad que podrían agravarse si el embarazo continúa su curso, presentándose como avales informes psicológicos casi hechos a la medida de la paciente por personal de la propia clínica que luego va a realizar el aborto. La práctica se considera normal y nadie le presta atención, ni desde instancias sanitarias públicas ni desde las judiciales, porque «todo se mueve en un abanico muy amplio y, a fin de cuentas, la ley esta hecha así». Nadie ha sido denunciado por incumplirla.
La objeción de conciencia de los médicos deja el negocio en manos de unos pocos
Sólo la clínica privada Buenavista, ubicada en el número 20 de la avenida Mariano Andrés se anuncia en León como centro especializado en interrupciones voluntarias del embarazo, actividad en la que ocupa una posición casi de monopolio. Según su director médico, Eugenio Civieza, que compatibiliza su cargo y su tiempo con la dirección de otra clínica similar y del mismo nombre en Oviedo, entre el 80% y el 85% de los abortos practicados al año en León corresponden a sus centros, quedando el resto a entidades, igualmente privadas, de Asturias o Valladolid para pacientes que optan por desplazarse lejos de su lugar de residencia para someterse a este tipo de operaciones médicas, en muchos casos por temor al rechazo social en sus lugares de origen.
Según Civieza, no hay estadísticas sobre la evolución del número de abortos en la provincia leonesa desde los años setenta u ochenta, cuando las mujeres tenían que viajar a Londres o a otra ciudades europeas para interrumpir un embarazo indeseado, operación que en España era considerada como delito. Se supone que desde la legalización del aborto en España hace algo más de una década las estadísticas que publica ahora Sanidad son las correctas «y se han estabilizado con el tiempo». «Nosotros llevamos en León y Asturias ocho años», se añade, «y el número de consultas se mantiene más o menos estable».
Presión social
En toda la autonomía de Castilla y León no existe ni un solo centro público que acepte realizar abortos, aunque no sucede lo mismo en regiones como Cataluña, Valencia, Asturias, Andalucía o el País Vasco. Según Civieza, éste hecho no se debe a la falta de demanda social, «porque entonces no habría clínicas privadas como las nuestras», sino a «presiones de colectivos de cualquier tipo». «Nosotros sólo somos un servicio médico más», se añade, «y si no hay más centro que el nuestro en León es porque nadie querrá abrir otro: la ley está ahí, la coges, presentas la documentación en Sanidad y, con los permisos necesarios, cualquiera puede abrir una nueva clínica sin problemas».
Otra cosa, según Civieza, es la presión corporativa que muchos médicos sienten a la hora de prácticar abortos en centros públicos, especialmente en autonomías muy conservadoras o con preponderancia de población semiurbana o rural, como Castilla y León. «Si en un hospital público alguien se muestra dispuesto a hacerlo es probable que en su equipo le plantee objeción de conciencia el anestesista o una enfermera o una auxiliar de clínica, lo cual hace que practicamente nedie quiera seguir, mientras que ese tipo de problemas o presiones no se plantean en las clínicas privadas». De hecho, las clínicas privadas son, al menos en León, el destino final de mujeres que, tras un embarazo no deseado, buscan asesoramiento para ponerle fin desde centros de planificación familiar dependientes de la Junta, de los ayuntamientos o de entidades de signo feminista. Al final terminan recalando todas en consultas privadas que les garantizan rapidez, dicrección y eficacia.
De acuerdo con las mismas fuentes, hasta ahora son infrecuentes los problemas secundarios, tanto físicos como psíquicos, para las madres abortantes que requieran tratamiento posterior en el sistema sanitario público. «Respecto a los primeros, es altamente improbable que se plantee ninguno y, si surge, casi siempre puede resolverse facilmente en la propia clínica. En cuanto a los segundos, el posible traume psicológico de dejar de tener un hijo depende de cada persona, de cómo venga de mentalizada o de su ideología y religión».
«Tuvimos el peor caso en Asturias con una niña de 12 años violada por su tío»
Los casos de aborto por violaciones, incestos o cualquier otro tipo de delito sexual son infrecuentes, pero, cuando se producen, quedan retenidos en la memoria de los médicos. Según Eugenio Civieza, director de la clínica Buenavista, el caso que más le impactó en sus años de ejercicio profesional fue el de una niña de apenas doce años violada por su tío, tras lo cual tuvo que someterse a una interrupción urgente de su embarazo entre enormes conflictos y enfrentamientos familiares.
«Hemos tenido otros parecidos o similares, pero personalmente el que más recuerdo es ese. ¿Qué se siente como médico? «Lo mismo que cualquier otra persona: es un delito que no se puede tolerar, independientemente de la profesión que tenga cada uno». Para Civieza, no hay diferencia entre un aborto u otro, pero sí en las circustancias personales de las pacientes que acuden a su consulta en demanda de ayuda extrema.
«Nos han puesto palillos en la cerradura, pero nada más»
Los responsables de la clínica Buenavista dicen no haber tenido problemas con el vecindario ni con grupos antiabortistas, salvo algunas anécdotas que no pasan de tales o de sucesos menores. «Por aquí había antes alguien que venía casi todas las mañanas, antes de que nosotros abriéramos y nos metía palillos en la cerradura. Creo que lo hemos sufrido durante unos cinco años, imagino que para satisfacción del cerrajero, pero nada más, hasta que, por fín se nos ocurrió poner una cerradura que tiene una tapa». Según los responsables de la clínica, su actividad no ha sufrido en casi una década de existencia ningún tipo de campaña que pusiera en peligro su futuro o la enfrentara a la opinión pública, al margen de que sea mejor o peor vista en determinados sectores sociales, religiosos u opciones políticas., algo que tienen perfectamente asumido sus responsables. Tampoco le prestan atención los colectivos médicos objetores de prácticas abortivas, que se limitan a ignorarla. «Lo de los palillos y el cerrajero es el único caso fuerte de oposición que hemos tenido».
