Gobernaron España entre 1982 y 1996. Hoy Felipe González y sus ministros forman parte de la élite económica; alguno trabaja para 10 empresas a la vez.
Nacidos en la década de los 40 del pasado siglo, la de Felipe González es una generación de políticos clave en la historia de España.
Militaron en la clandestinidad cuando formar parte del PSOE no era un negocio. Del antifranquismo no se comía y todos ellos tenían una vida profesional resuelta: eran destacados abogados, ingenieros, profesores o economistas. Conquistaron el poder y, tras catorce años de luces y sombras, llegó el momento de retomar sus vidas fuera de la política. El cóctel de su éxito es la mezcla de aptitudes profesionales e influencias políticas.
La mayor parte de ellos ha protagonizado una próspera carrera de hombre de negocios. Al expresidente del Gobierno le costó aceptar ofertas, pero ha terminado en el Consejo de Administración de Gas Natural (126.500 euros al año), impartiendo conferencias a más de 80.000 euros, que cobra a través de su empresa Ialcon Consultoría —a excepción de las que regala por sus muchos compromisos—, y poniendo en marcha una sociedad gestora de capital riesgo, Tagua, de la que es el máximo accionista. Entre sus socios está su yerno, el economista Eric Bergasa, que ha heredado los contactos del suegro. El marido de María González Romero se ha asociado a la empresa hotelera de Quique Sarasola, el hijo del polémico financiero y amigo de Felipe, Enrique Sarasola.
Felipe González parece moverse por encima del dinero, pero su nivel de ingresos ronda los 600.000 euros anuales.
Consejos de administración
La colocación por excelencia de los expolíticos es el sillón de asesor de una gran empresa. Josep Borrell cobra más de 250.000 euros anuales de Abengoa; Solbes obtiene unos 100.000 de la eléctrica italiana Enel —que compró Endesa con el beneplácito del entonces ministro de Economía—, aunque alcanza los 300.000 sumando el asesoramiento a Barclays y su pensión como ex comisario europeo. Luis Carlos Croissier percibe 215.000 euros de Repsol, 44.000 de una filial del Grupo Sacyr; 61.000 de Eolia y un mínimo de 45.500 de Adolfo Domínguez. La lista es extensa.
Un buen número de exministros se ha atrevido con sus propias compañías, como Carlos Solchaga. El extitular de Economía y de Industria ha triunfado con su consultoría, Solchaga Recio & Asociados, de la que ha abierto filiales. Combina esta actividad con varios consejos de administración, como los de Zeltia, Duro Felguera o Cie Automotive. Sumando ambas actividades en doce empresas, Solchaga gana un millón de euros al año.
Entre los grandes hombres de negocios destaca Antonio Asunción, el ministro del Interior que dimitió por la fuga de Luis Roldán. De familia de empresarios, invirtió en negocios pesqueros y ha terminado vendiendo sus empresas al Banco de Valencia por once millones de euros.
Otro importante empresario es Julián García Valverde, exministro de Sanidad y Consumo y expresidente de Renfe. Fue absuelto en el caso de las comisiones del AVE y ahora construye obras del AVE a través de su grupo de empresas, Imathia. Ha sido el muñidor del consorcio español que ha logrado el contrato de 6.700 millones de euros para construir en Arabia Saudí «el AVE del desierto». Este expolítico también se dedica a la consultoría, una de las salidas más recurrentes de quienes dejan el Gobierno. Gran éxito ha obtenido en este campo Javier Gómez-Navarro (ex de Turismo y Comercio) que gracias a sus consultoras y a los consejos de administración de otras empresas (todas juntas suman una decena) obtiene 1,2 millones de euros al año.
También cabe destacar a José Barrionuevo, que posee 2,5 millones de euros invertidos en construcción.
Los «lobbies»
Son muchas las empresas que han reconocido la valía y los contactos de esta generación, hasta el punto que muchas de ellas han recurrido a dos ex ministros para que defiendan sus intereses. Julián García Vargas, que poseyó la cartera de Defensa, es actualmente el presidente de TEDAE, el «lobby» de las empresas armamentísticas españolas. Entre sus tareas está pelearse con la comisión que autoriza las exportaciones de material militar. Por otro lado, Javier Sáenz Cosculluela, que fue ministro de Obras Públicas, ahora representa a AERCO, una asociación de constructoras de obra pública.