Un país exsoviético, Bielorrusia, es el último Estado del continente que todavía practica el asesinato legal de sus ciudadanos. Las garantías jurídicas son casi inexistentes.
La pena capital se aplica con un disparo en la nuca en el SIZO número 1, la única cárcel en albergar un corredor de la muerte en Bielorrusia. Los presos son avisados con un par de minutos de antelación. Una vez cadáver, el cuerpo del reo se hace desaparecer y no se devuelve a sus familiares. Estos no tienen el derecho a enterrar a sus seres queridos.
En abril de 2011, la explosión de una bomba causó 15 muertos y más de doscientos heridos en el metro de Minsk, en la céntrica estación de Oktyabrskaya. Apenas 24 horas después del atentado, la policía detuvo a dos sospechosos: Dima Konovalov y Vladislav Kovalev. En menos de un año, ambos fueron juzgados, sentenciados a muerte y ejecutados. Tenían 25 años.
El proceso no tuvo las debidas garantías: los abogados solo tuvieron acceso a sus clientes una vez antes del juicio, durante unos minutos y rodeados de policías. El tribunal no aceptó ni una sola protesta de la defensa, por todas las de la acusación.
No se aportaron pruebas de los explosivos utilizados en el ataque, ni siquiera un trozo de la bolsa de deportes donde se suponía que estaba la bomba. La sentencia se apoyó en dos patas: un video de mala calidad de una cámara de seguridad donde se ve a un hombre con una mochila, supuestamente el autor del atentado y que según el tribunal sería Dima Konovalov; y la auto inculpación de los dos chicos en las horas posteriores a la detención, que podrían haber sido torturados según las principales asociaciones de derechos humanos. El juicio se desarrolló directamente en el Tribunal Supremo, para evitar la posibilidad de apelación.
A 300 kilómetros al norte de Minsk, para conocer a Lyubov Kovaleva, madre de Vladislav Kovalev, quien se ha convertido, a la fuerza, en una activista contra la pena de muerte en Bielorrusia.
Convencida de la inocencia de su hijo, y aterrada por la brutalidad de las autoridades, dice que quiere “limpiar el nombre de Vlad”. Es una mujer valiente. Vive en la última dictadura del continente, gobernada desde 1994 por Aleksander Lukashenko. Un presidente que denegó, poco antes de las ejecuciones, clemencia para Konovalov y Kovalev.
Autor: Álvaro Corcuera