Evolución, cifras
Entre 1986 y 2023 se han practicado más de 2,5 millones de abortos en España. Los registros oficiales muestran un aumento progresivo en los primeros años tras la despenalización: de 411 abortos en 1986 a más de 100.000 anuales a partir de 2005. En 2023 se registraron 103.097 abortos, con una tasa de 12,22 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Según el Ministerio de Sanidad, un 81,4% de los abortos se realizaron en clínicas privadas y un 18,6% en centros públicos.
Benedicto XVI arrojó luz sobre los derechos de la persona “no nacida”: «El derecho humano fundamental, el presupuesto de todos los demás derechos, es el derecho a la vida misma. Esto vale para la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En consecuencia, el aborto no puede ser un derecho humano; es exactamente lo opuesto. Es una profunda «herida social»». Si reducimos el aborto a una mera decisión privada podemos fomentar una visión individualista y antisocial de la persona, cuya libertad vendría a coincidir con su capacidad de hacer prevalecer el propio sentir o el propio interés. Pero eso no es libertad. La libertad es, más bien, la capacidad de querer el bien por encima del aparente interés inmediato de quien decide. Porque el bien propio no está desligado del bien del otro y del bien de todos, como nos ha recordado la Conferencia Episcopal Española.
Secuelas físicas y psicológicas
Estudios médicos recogen posibles efectos físicos tras un aborto, incluyendo infecciones uterinas, hemorragias, lesiones cervicales y uterinas, así como mayor riesgo de partos prematuros en embarazos posteriores. Además, algunas investigaciones identifican consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y sentimientos de pérdida o vacío emocional. La frecuencia y gravedad de estas secuelas varían en función de factores como la edad, el contexto del embarazo y el apoyo recibido antes y después del procedimiento.
Contexto político y judicial
La Ley Orgánica 9/1985 fue recurrida por inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional la avaló en su sentencia de 1985. La Ley Orgánica 2/2010 también fue objeto de recurso, resuelto en 2023 con la confirmación de su constitucionalidad. A lo largo de estos años se han presentado iniciativas parlamentarias para modificar la normativa, con debates centrados en los plazos, el consentimiento de menores y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
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Aceptación social
Las encuestas han reflejado un cambio notable en la opinión pública sobre el aborto en España. En 1979, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 27% de la población apoyaba su legalización en determinados supuestos. En 2011, el CIS indicaba que solo un 26% consideraba que el aborto debía ser ilegal en todos los casos. En 2020, un estudio de Ipsos señaló que el 83% de los encuestados apoyaba el derecho al aborto, aunque en 2021 otros sondeos apuntaron a un descenso hasta el 59%, variación que podría deberse a las diferentes metodologías empleadas. Estos datos muestran una tendencia general hacia una mayor aceptación social del aborto en las últimas décadas.
Posición de la Iglesia
La Conferencia Episcopal Española ha publicado a lo largo de los años varios documentos en los que defiende la vida humana desde la concepción y expresa su rechazo a la legislación sobre el aborto. En 2009 declaró que «el aborto es un fracaso social» y en 2023, tras la última reforma, señaló que «la vida no puede depender de decisiones legislativas».
PSOE y PP, más de lo mismo
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido impulsor de las leyes de 1985, 2010 y 2023, defendiendo el aborto como parte de los derechos reproductivos. El Partido Popular se ha encargado de consolidar dichas leyes, al principio imcumpliendo sus promesas, luego aceptado las leyes que considera que gozan de consenso, como señaló Feijoó «es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley y no voy a cambiar de opinión»
