El pasado mes de junio asistimos a dos hechos con una enorme trascendencia: la visita del Papa León XIV a España con un mensaje claro respecto a la migración desde un planteamiento universal y, el mismo día de su marcha de España el 12 de junio, la entrada en vigor con aplicación obligatoria del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. También, en ese mismo mes de junio, terminaba el proceso de regularización extraordinaria donde han presentado su solicitud de residencia alrededor de 1.200.000 inmigrantes.
Siempre hemos afirmado el «derecho a emigrar» como un deber moral de restitución en acogida de los países enriquecidos hacia los habitantes de los países empobrecidos que son expulsados de sus países por el hambre, la miseria, las guerras o la violencia, las persecuciones políticas o religiosas, los desastres naturales o la esquilmación y el saqueo de sus tierras… pero, antes incluso que el derecho a emigrar hay que afirmar el derecho a NO emigrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra, vivir en su patria y desarrollar libremente su proyecto de vida en ella. La migración por necesidad es una migración forzada y, por tanto, atenta contra la libertad de la persona.
Para profundizar en este «derecho a no emigrar» debemos plantearnos las causas del fenómeno de la migración forzada, las causas de las condiciones de vida insoportables para millones de personas que, violado este derecho a no emigrar, se han visto obligadas a abandonar su casa, su pueblo y su país dejando atrás seres queridos, historias y vínculos. En muchas ocasiones, todo esto agravado porque las redes de trata, de prostitución, de trabajo agrícola esclavo y de traficantes mafiosos que hacen negocio con la necesidad de migrar, causan las peores desgracias imaginables. La mayoría de las veces, quienes trafican con drogas y con armas, también trafican con seres humanos. La expulsión de personas de sus tierras se ha convertido en un verdadero tráfico de personas.
Entre estas causas de la migración forzada no podemos olvidar que un gran porcentaje de la riqueza que hay en Europa y también en España, proviene institucionalmente del expolio a los pueblos empobrecidos de la Tierra. La estructura económica capitalista actual, tanto nacional como transnacional, está vinculada directamente con el sistema colonial y neocolonial de los últimos tres siglos. Este modelo ha empobrecido históricamente —y sigue empobreciendo— a numerosos pueblos de África, Asia, Centro y Suramérica, mediante la explotación de sus recursos y poblaciones en beneficio de los países enriquecidos. En la Campaña por la Justicia que llevamos a cabo desde hace 40 años la hemos descrito y definido como el ROBO NORTE-SUR. El estado de bienestar europeo y, por tanto, el español, no hubiera sido posible sin esta estructura y dinamismo colonial imperialista subyacente y deliberadamente ocultado ante la opinión pública. Las zonas del mundo que durante décadas han contribuido al bienestar económico del Norte son hoy las que más población expulsan hacia ese mismo Norte.
Somos muy conscientes además, por los vínculos de lucha y comunión que nos unen a estos pueblos, que la migración forzada tiene como consecuencia un debilitamiento de las naciones de origen, habitualmente ricas en recursos materiales y demografía, volviéndose extremadamente vulnerables. En algunas de ellas se ha cronificado un régimen de violencia, guerras, autocracias y corrupción estatal que sigue siendo el caldo de cultivo de multitud de negocios que continúan esquilmando a los sectores más débiles de sus sociedades. Es por ello que no podemos dejar de reivindicar el derecho de las personas a mantener su dignidad no siendo expulsadas de sus países y, por tanto, su derecho a no emigrar.
Queremos hacer nuestra la llamada a la acción de León XIV en su visita a España, en el Puerto de Arguineguín (Gran Canaria):
«La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración, y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra».«Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que migrar: el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños».
Y para que sea posible que toda persona pueda vivir con dignidad con su familia en su propia tierra, con su propio pueblo y en su propia patria, sin ser expulsada de ella —para evitar los éxodos forzados provocados por la pobreza, por la violencia y por la persecución—, es necesario un marco jurídico y moral internacional que impida y penalice el expolio al Sur global. Entre tanto, el deber de justicia exige restitución y solidaridad. Europa y España tenemos ese deber de justicia y de restitución.
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