El derecho básico a la sanidad se nos reconoce por ser PERSONA, no por ser cotizantes.
Cuando el canciller alemán Otto von Bismarck ratificó la Ley del Seguro de Enfermedad en 1883, creando la primera legislación de protección social, no lo hizo como una concesión fruto de su magnificencia ni como un acto de compasión para con las inmensas masas de asalariados que sufrían los estragos de aquel industrialismo decimonónico. El movimiento obrero europeo estaba entrando en su madurez. La experiencia ya acumulada de lucha junto con el compromiso cada vez mayor de sus militantes, le estaban dotando de unas organizaciones sociales, económicas, sindicales y políticas cada vez más eficaces. De tal manera que los poderes industriales y financieros ya no ocultaban su inquietud. Los grandes ideales de aquel movimiento obrero revolucionario, entre las que se encontraban cómo aspiración última la eliminación del sistema capitalista de clases y privilegios, estaban dejando de ser una utopía para manifestarse como realidades plausibles. La anhelada Revolución parecía por momentos estar a la vuelta de la esquina.
El partido socialista alemán, que había nacido unos años antes, llegó a constituir la mayor fuera política obrera de toda Europa. Bismark, consciente de este nuevo actor que había irrumpido con fuerza en la escena política europea, tomó, por miedo, una medida muy inteligente. Medida, por otra parte, muy criticada por los suyos, pues era contraria a su tradición política, conservadora y elitista. La ley del Seguro de Enfermedad de 1883 tuvo como principal objetivo frenar al socialismo alemán y limar así sus ansias revolucionarias. A la larga, estas políticas que se extendieron por toda Europa, fueron muy eficaces. Y así, mientras las condiciones de la clase obrera europea fueron mejorando paulatinamente, y a medida que el movimiento obrero iba consiguiendo conquistas parciales, su ímpetu revolucionario iría descendiendo en la misma proporción, olvidándose ya de la conquista final. El movimiento obrero ganó muchas batallas… pero perdió la guerra.
La gran contribución del movimiento obrero a la Historia, fue la de extender en la humanidad la conciencia de la dimensión social del hombre. El movimiento obrero hizo temblar al capitalismo. Las clases dirigentes y patronales de Europa, quedaron tan conmocionadas, tan asustadas, con la posibilidad de un vuelco social, que aunque sólo fuera por pavor, tuvieron que dulcificar y abrir la mano en las condiciones laborales para que el socialismo revolucionario no prendiera en sus países. Y aunque por miedo y muchas veces a la fuerza, la conciencia social también se metió en el capitalismo. Como decía Tomás Malagón, muchas veces la historia avanza con el culo en la pared, es decir, por miedo… pero avanza.
En España, en aquel mismo año de 1883, se creó la Comisión de Reformas Sociales. Desde allí se creó una Comisión para el estudio del estado de la clase obrera para que "estudie todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora y bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo". En estos trabajos participaron militantes obreros, como el fundador del PSOE Pablo Iglesias. Estas comisiones fueron en nuestro país el germen de la Seguridad Social. Las conquistas en la protección de los trabajadores que se fueron logrando, coincidieron con los años de mayor vigor combativo del movimiento obrero hispano. En 1900 se creó el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo. En 1905 se creó el Instituto de Reformas Sociales, y en 1908, también con gobierno conservador, el Instituto Nacional de Previsión. En 1919 se creó el Retiro Obrero, y en 1929 el Seguro de Maternidad.
Unas décadas más tarde, en las postrimerías del régimen franquista aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) cuyo objetivo principal fue la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social. En 1978, la Constitución española en el artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Además, en los artículos 43 y 49 se establece el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud.
En 1986, como exigencia de la Constitución, se aprueba la Ley General de Sanidad que configura el nuevo módulo de organización sanitario español, creándose el Sistema Nacional de Salud, y define el concepto de servicio sanitario público que debe prestar el Estado. Esta ley, vigente hoy día, establece como titulares del derecho a la protección a la salud y a la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residan en el territorio nacional.
Además esta ley aportó una cuestión, que aunque parezca menor, tiene gran trascendencia. Determinó la separación entre Sanidad y Seguridad Social. Separación que se hizo patente años más tarde en la manera de financiarse ambas.
El acceso a un Sistema de Sanidad, como parte del derecho a la salud, es un derecho universal reconocido por la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución Española. Para garantizar esta universalidad de la asistencia sanitaria, desde los años noventa hasta ahora, y de manera creciente, se fue cambiando la manera de financiarla. Nuestro sistema de salud se financia principalmente por la vía de los impuestos y no por la vía de las cotizaciones, con las que se financiaban el resto de prestaciones no sanitarias de la seguridad Social (jubilaciones, desempleo, maternidad…). El derecho básico a la sanidad se nos reconoce por ser PERSONA, no por ser cotizantes.
Las cotizaciones sociales que se detraen cada mes de la nómina de los trabajadores financian las prestaciones económicas de la Seguridad Social, por ejemplo, pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, prestaciones de maternidad y paternidad, y las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La atención sanitaria, al ser un derecho de ciudadanía que en España se presta de forma universal y gratuita, se financia con impuestos. Impuestos que paga el que cotiza, pero también el que no cotiza y el que no tiene papeles, pues con que compre una barra de pan ya está pagando el IVA.
Este gran logro colectivo del acceso universal a la asistencia sanitaria va a cambiar drásticamente en los próximos meses. Si no la cambiamos, el próximo 1 de septiembre miles de personas se quedarán sin asistencia sanitaria por el simple hecho de no tener papeles.
Recientemente el gobierno de España ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2012. Esta nueva ley pretende volver décadas atrás cuando el derecho universal a la a sanidad era sólo de los cotizantes y no de todo ser humano. El RDL 16/2012 es una nueva ley injusta que se va a ensañar con los más débiles, con los que menos pueden y con los que más están sufriendo la situación actual que llaman crisis. Para miles de personas va a suponer un auténtico apartheid sanitario, condenando a muchos a sistemas sanitarios de beneficencia como a principios del S.XIX, o directamente condenando a muchos a su suerte
El 1 de septiembre, miles de personas se quedarán sin asistencia sanitaria, con el agravante de que estas personas, inmigrantes la mayoría, contribuirán a financiar nuestra sanidad (pues aunque no tengan papeles van a seguir pagando impuestos como el IVA o tasas especiales) sin poder disfrutar de ella. Esto supone la fractura de los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que deben presidir el acceso a derechos fundamentales.
Ninguna de las conquistas sociales de las que colectivamente nos sentimos más orgullosos, como la de nuestro Sistema de Sanidad Universal, nació como una cesión de los poderosos, sino como una conquista, fruto de la lucha de los trabajadores. Hoy como ayer hay que luchar para seguir extendiendo la conciencia de solidaridad en la humanidad. Y lo que no se lucha, se pierde.
