Menos del 10% de los jubilados españoles tiene una cobertura asistencial. Según las proyecciones, en el 2050 España podría ser el segundo país más envejecido del mundo, por detrás de Japón . En 1994, en España casi un tercio de las plazas de residencias para mayores eran públicas, mientras que el 67% tenían titularidad privada. Diez años después, la diferencia se ha acentuado aún más, ya que la proporción ha caído a 24,6-75,4.
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ –
14/07/2005
En un país con una población que envejece rápidamente, los servicios sociales que se ofrecen a las personas con más de 65 años son «escasos», según reconoció ayer la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce. Hasta el punto que no llega al 10% del total los que tienen acceso a teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o residencias. Catalunya tiene un índice de cobertura muy similar (9,98%) a la media nacional, lo que la relega al séptimo puesto, por detrás de comunidades como Castilla-La Mancha (14,09), Navarra (13,95) y Madrid (13,20). En la cola, aparecen Murcia (5,79), Comunidad Valenciana (6,31), Canarias (6,43) y Cantabria (6,77).
«Ha crecido el esfuerzo económico para ofrecer servicios de atención a las personas mayores, pero hay un avance lento en los niveles de cobertura», admitió Amparo Valcarce. Debido a la transferencia de competencias, las comunidades autónomas son los máximos responsables de sufragar el coste de estos servicios.
En España ya hay 7,2 millones de ciudadanos que han superado la barrera de los 65 años, el 17% del total de la población. En Catalunya suponen un colectivo de casi 1,2 millones de personas. Las previsiones demográficas a largo plazo no son demasiado halagüeñas: en el 2050 podrían representar tres de cada diez ciudadanos, lo que convertiría a España, con casi 16,4 millones de mayores, en el segundo país del mundo más envejecido, sólo superado por Japón.
Dado que la inmensa mayoría de los que superan los 65 años residen en una casa en propiedad (87%), Valcarce resaltó la importancia de impulsar el acondicionamiento de estas viviendas, sobre todo si se tiene en cuenta que únicamente el 21% de estas personas aseguran que viven en edificios accesibles. Además, uno de cada cuatro mayores vive solo. Por ello, la secretaria de Estado defendió la necesidad de facilitar que esas personas puedan quedarse en sus viviendas, «como muchos de ellos desean», a través de servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia (conexión telefónica con una central de avisos). Por lo que respecta a sus ingresos, más de 162.000 mayores se beneficiaban en el 2003 de planes de pensiones, con una prestación media de 8.000 euros al año.
El informe detalla la heterogeneidad en el esfuerzo financiero realizado por cada autonomía. En función de los datos aportados, en España el gasto anual en servicios sociales por cada persona mayor de 65 años va desde los 113 euros de Canarias a los 454 euros destinados en Euskadi. Entre los que más gastan en este colectivo figuran también Madrid (351 euros), Catalunya (275), Navarra (268) y Asturias (260).
En enero del 2004 las plazas de residencia en Catalunya se cifraban en 49.350, lo que supone un crecimiento del 20% con respecto a la oferta de cinco años antes. Sin embargo, ni una quinta parte de esas plazas (8.800) son de carácter público, frente a las 12.000 de centros concertados y las más de 28.000 procedentes de residencias privadas.
En 1994, en España casi un tercio de las plazas de residencias para mayores eran públicas, mientras que el 67% tenían titularidad privada. Diez años después, la diferencia se ha acentuado aún más, ya que la proporción ha caído a 24,6-75,4. En cuanto a los centros de día, el estudio se queja de que que sólo hay una plaza por cada 200 mayores. Catalunya destaca de forma positiva por la creación de este tipo de oferta al poner a disposición de los mayores prácticamente un tercio de las plazas existentes en todo el Estado.
