El primer poder en el mundo actual es la información. Toda dictadura necesita acallar las voces disidentes. Este estudio sobre Censura y autocensura en medios y periodistas de Venezuela, realizado desde el país que lo sufre, nos habla de una sociedad aplastada y silenciada, donde los medios tienen que arrodillarse ante el poder político y económico.
Los obstáculos que interfieren la labor periodística, los riegos jurídicos y del contexto, así como las presiones que se revelan en esta investigación sobre la Censura y la Autocensura en periodistas y medios de Venezuela, aumentan las dificultades para el ejercicio de la labor informativa. Pero, además, promueven la impunidad.
La censura se expresa mediante órdenes y presiones directas e indirectas. Esto afecta la independencia, la pluralidad, la diversidad y la calidad informativa.
Es una llamada de atención que necesita respuestas, para preservar las libertades y para garantizar los principios básicos de la democracia.
Perspectivas de diversos grupos de poder pretenden criminalizar y desprestigiar la importancia del periodismo para la sociedad democrática.
CENSURA
En el país son frecuentes las órdenes expresas por parte de los poderes estatales y de los propios medios de comunicación —entendidos como industrias— y de grupos económicos privados, políticos y de delincuencia organizada…
La mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por las instituciones del Estado. El poder ejecutivo (34%), el poder judicial (17%), el poder legislativo (14%), el poder moral (7%), y el poder electoral (6%).
Por parte de grupos económicos privados (16%); grupos políticos (8%); grupos de delincuencia organizada (6%); agrupaciones sociales (3%).
Se han ejercido presiones oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han estado trabajando (42%); han ocurrido impedimentos en la emisión informativa (15%); El medio de comunicación, entendido como empresa, también se comporta como censor. El 43% de los periodistas ha recibido lineamientos que prohíben la cobertura de algunos asuntos públicos.
Refirieren haber recibido órdenes expresas de cambiar la redacción (39%) para modificar connotaciones que pueden causar molestias o generar otras repercusiones. Más allá de los estándares lingüísticos y éticos, estas imposiciones pueden representar cambios con la finalidad de no incomodar a las fuerzas de poder. Al 35% de los consultados se le ha prohibido expresamente publicar una información sobre un hecho noticioso, y también se les ha negado la posibilidad de cubrir un tema. Al 34% se le ha dicho que no puede nombrar a una fuente determinada en una información.
Las medidas de presión para revelar las fuentes periodísticas han sido tomadas por los Cuerpos de seguridad del Estado (12%), el partido político oficial (10%) y los ministerios (8%).
Órdenes de rectificación
El 44% indica que, por imposiciones de organismos gubernamentales, en su medio se “rectifican” informaciones que han sido debidamente verificadas. El 16% de los encuestados tiene conocimiento de que los medios para los que trabajan han recibido notificaciones para obligarlos a publicar notas de prensa u otras informaciones emitidas por organismos oficiales.
El 38% de los consultados atribuyó limitaciones por amenazas del gobierno nacional y 37% refirió amenazas de los accionistas de medios.
Por lo menos, el 26% indica que ha declinado en el seguimiento periodístico por presiones de autoridades gubernamentales; 19% por simpatizantes político partidistas del oficialismo; 9% por manifestantes violentos; 9% actores económicos y empresariales privados; 6% por grupos paraoficiales; y 6% líderes de movimientos políticos de oposición.
Los representantes de los propios medios giran instrucciones que limitan la cobertura de los temas de interés público, el 40% por conflictos con autoridades del gobierno; 36% por situaciones que expongan al medio o al periodista; 30% por intereses o puntos de vista de los anunciantes; 29% por actos violentos; 28% por conflictos con grupos de manifestantes violentos; 26% por intereses de una fuente que se quiere proteger; 20% por escasez de alimentos e insumos; y 20% por asuntos de seguridad nacional.
Un panorama tal conduce al establecimiento de un escenario de autocensura, en el que periodistas y trabajadores de los medios ceden ante órdenes e intimidaciones.
Quienes participaron en este análisis se autocensuran por proteger a una fuente (24%). Por no exponer al medio o al periodista a ser demandado (24%), por conflictos con autoridades de gobierno (19%), por conflictos con manifestantes violentos (17%), o por actos violentos o relacionados con la seguridad ciudadana (16%). El 29% por voluntad personal ha decidido no publicar una información de interés público, ya que el medio no iba a difundirla; 28% afirma que lo ha hecho para no exponerse a amenazas contra la seguridad personal; y 26% por la posible aprobación de nuevas leyes.
RIESGOS DE LA LABOR PERIODÍSTICA
Esto da cuenta de una sociedad poco transparente, que dificulta sus posibilidades de contraloría y escrutinio del poder como un ejercicio saludable en cualquier democracia. Uno de los principales obstáculos es el cierre de las fuentes de información, en entes estatales (72%), en sectores privados (31%).
Es un riesgo de la labor periodística, las agresiones de calle ejercidas por parte de grupos de estudiantes, vecinos, colectivos comunitarios, manifestaciones y/o grupos armados (54%). Además, perciben como una limitación las instrucciones de sus supervisores u otros jefes indirectos de la organización donde trabajan (41%).
Con respecto a los ataques a la integridad física de los periodistas, se refieren amenazas verbales o escritas el 54%. Siguen las acciones de intimidación física o verbal (47%), agresiones por parte de manifestantes (26%) y agresiones físicas por parte de los ciudadanos (19%). También agresiones físicas por parte de autoridades públicas (13%).
Al 12% les han dañado sus herramientas de reporterismo; el 11% ha sido víctima de robos y 9% denuncia que los Cuerpos de Seguridad del Estado les han confiscado equipos y materiales de trabajo.
Restricciones en contenidos de internet
Algunos riesgos de la labor informativa en las plataformas digitales. 10% ha sido víctima de intervenciones ilegales de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Del total de consultados, 29% refiriere que se le ha restringido el acceso a plataformas digitales, y 26% asegura que ha tenido limitaciones para el acceso a internet.
En 2013 se contabilizaron 34 incidentes: bloqueo de páginas web; suspensión del servicio nacional de internet; intervención ilegal de cuentas de redes sociales; intervención ilegal de comunicaciones personales; acciones judiciales e investigaciones policiales por expresión; hostigamiento y amenazas por redes sociales.
Desde noviembre de 2013, por orden del gobierno nacional, fueron bloqueados 523 portales digitales por difundir información de interés público, y que el gobierno calificó como hecho ilícito, irrespetando los estándares nacionales e internacionales de libertad informativa y en mayo de este año continuaban sin poder operar en el país 464 de ellos.
Criterio periodístico
Aparecen situaciones internas que se vinculan con las condiciones laborales y la preparación periodística. El 61% atribuye parte de los obstáculos a su labor al bajo nivel de los salarios que perciben en los medios de comunicación. Los consultados no están conformes con sus remuneraciones por sus cargas de trabajo y las condiciones de país. En la deficiente formación de los periodistas, coincide el 44% Existe una necesidad de formación profesional que derive en buenas prácticas.
En el caso venezolano, la industria de medios de comunicación enfrenta obstáculos derivados de las políticas de control cambiario, limitaciones jurídicas y administrativas que se han aprobado. A ello se suman las constantes descalificaciones, de parte de sectores estatales, quienes insisten en la criminalización contra los medios de comunicación que mantienen una línea diferente a las políticas y a las prácticas gubernamentales.
Los medios presentan dificultades para obtener divisas (46%). Exhortaciones desde el poder oficial para evitar la publicación de determinada información (36%), así como dificultades para recibir habilitaciones del Estado para informar sobre asuntos de interés público (28%). Han existido órdenes de veto o de publicidad oficial por parte de los organismos del Estado (33%). Surge como preocupación el cambio de la propiedad y gestión de los medios de comunicación.
Las fuerzas del contexto
En los últimos años el gobierno central ha dedicado importantes esfuerzos económicos y sociopolíticos a la consolidación de un modelo de comunicación centralizado y dirigido desde el Estado. En esta estructura se hace invisible la crítica y desaparece la transparencia, fundamentos para el desarrollo de la democracia.
El 40% de los consultados ve con preocupación las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos (Resorteme), por los controles que ejerce sobre los medios radioeléctricos.
En menores niveles del Código Penal, la creación del Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), así como la constitución de los Estados mayor de Comunicaciones en diversas regiones, cuyas instancias tienen competencias de investigación e inteligencia (espionaje) sobre el oficio periodístico.
Hay conciencia entre los periodistas consultados de que deben existir procesos de autoregulación por parte de los medios y del propio gremio (87%). Temas prioritarios para este proceso de autorregulación: moral pública, protección de la infancia, protección de fuentes, riesgos de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación, seguridad nacional, violencia y criminalidad, entre otros.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Las limitaciones y presiones que imponen actores estatales y no estatales son una forma de censura. La opacidad y la poca transparencia en las fuerzas de poder, dejan en evidencia el carácter poco saludable –en términos democráticos- de esta sociedad. A mayor opacidad, mayores son los riesgos y las desviaciones de la sociedad, por complicidad y corrupción.
El interés de mantener ocultos los datos que debería conocer la colectividad, se institucionaliza. Ésta es una práctica constante en instituciones estatales, que niegan información, según la opinión del 79% de los consultados.
A 178 de los 225 periodistas y trabajadores de medios, se les ha impedido el acceso a la información pública por parte del Estado. Esta misma situación persiste en instituciones privadas, de acuerdo a las indicaciones de 32% de las opiniones recorridas, y 11% determina la misma actuación en instituciones independientes.
Limitaciones estatales
Desde el Estado, la negación de información pública se da, frecuentemente, en los ministerios y sus dependencias (59%); la Presidencia de la República (48%); los cuerpos de seguridad del Estado (47%). Estos tres actores, que aparecen en los más elevados índices de opacidad, dependen del poder ejecutivo. Es esta fuerza estatal la que ejerce las mayores presiones y órdenes de censura. Entre tanto, en promedio, 36% de estas dependencias señala limitaciones con una frecuencia mediana y baja, mientras 23% indica que nunca ha encontrado impedimentos para acceder a la información pública.
Se refieren recurrentes limitaciones de acceso a la información de interés público en los tribunales locales y nacionales, los cuales acumulan 41%. El Tribunal Supremo de Justicia aparece como una institución que muy frecuentemente no ofrece información, en 34% de las opiniones que emitieron los que participaron en este estudio. Con una alta frecuencia, también aparecen la Fiscalía de la República (38%), las instituciones de salud pública (35%), la Contraloría General de la República (32%), las gobernaciones y sus dependencias (32%), y la Asamblea Nacional (32%).
Los actores estatales limitan el acceso a la información pública negando las credenciales, cuando son necesarias para la cobertura de asuntos públicos (37%). El 28% tiene conocimiento de que el medio para el que labora también ha tenido dificultades para obtener las acreditaciones oficiales que le permitan difundir información de interés colectivo.
Limitaciones no estatales
Encuentran impedimentos para acceder a información de interés público de los grupos con poder económico: los proveedores privados de la industria petrolera e industrias básicas (28%), así como los bancos y otras instituciones financieras (24%). También aparecen con frecuencia, en las limitaciones de acceso a la información pública, grupos paraestatales o paramilitares (27%), organizaciones de delincuencia organizada (27%), así como en grupos de manifestantes violentos (23%).
En cuanto al sector privado, aparecen con sucesivas obstrucciones a la información empresas de la industria de los sectores automotriz (19%), farmacia (15%), alimentos (11%), así como también empresas relacionadas con aduana e importación (18%).
Los menores obstáculos se encuentran en organizaciones religiosas, partidos políticos independientes, organizaciones sindicales, grupos de periodistas, organizaciones de vecinos, de la sociedad civil y gremiales.
El acceso a la información pública comprende un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas sobre las negociaciones y las gestiones de todas las instituciones que hacen vida en la sociedad.
Instrumentos de necesaria aprobación
El estudio revela que 209 periodistas de los 225 encuestados -es decir, 93%- piden la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se puede entender que ésta es una herramienta jurídica que genera una base legal y estructural para el ejercicio del periodismo en el país, que permitiría mejorar los niveles de transparencia en la gestión de todos los actores públicos, a través los mecanismos de búsqueda de información, contraloría social y participación ciudadana.
En un panorama con dificultades políticas, económicas y sociales, los periodistas perciben la garantía, protección y respeto del acceso a la información pública como una posibilidad para resolver las deficiencias: más acceso, más democracia.
El acceso a la información pública es un derecho humano, estipulado en normativas internacionales y en la Constitución de la República de Venezuela, cuyo artículo 143 sostiene: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportunamente” por la administración pública-. Además, el artículo 57 expresa que “Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Se han creado otras instancias que por decreto, dificultan el ejercicio al acceso a la información pública. Entre ellas está la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) constituida el 26 de junio de 2014. También el Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (Cesppa), constituido en octubre de 2014. Los decretos de fundación de estas dependencias contienen disposiciones que estimulan la opacidad informativa y restringen el derecho de los ciudadanos a conocer asuntos que son de interés público.
Los periodistas, en un alto porcentaje, un 20% prefieren abstenerse de responder cuáles habían sido sus mecanismos de denuncia ante un incidente que afecte su labor. Alrededor de 15% y 16% de los entrevistados prefiere hacer la denuncia ante los medios de comunicación y las ONG de derechos humanos, respectivamente. 21% de ellos utiliza otros canales no convencionales.
CUENTAS POR SALDAR
IPYS Venezuela aporta un punto de partida para la reflexión:
- El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los periodistas y trabajadores de medios puedan ejercer su labor sin riesgos, ni presiones.
- Los actores estatales y no estatales deben ajustar sus actuaciones a los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión que prohíben las presiones y mecanismos de censura.
- Los factores del poder, así como las propias empresas de comunicación, deben promover el acceso a la información pública.
- Las industrias de medios deben practicar los principios de libertad, pluralidad, y diversidad como parte de su labor de servicio a la colectividad. Y están en la obligación, de convertirse en garantes de los principios de transparencia y rendición de las cuentas que la sociedad necesita conocer.
- Los periodistas y los sectores vinculados a la comunicación están llamados a reflexionar sobre su función social como portavoces de las informaciones y las denuncias de los ciudadanos. Tienen la función de escrutar a las fuerzas de poder.
Estos puntos se basan en los fundamentamos de las garantías nacionales e internacionales que defienden las libertades periodísticas y rechazan la censura:
- “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones…, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecer censura”. Artículo 57, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras… El ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades… Puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, estar expresamente fijadas por la ley para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Artículo 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la OEA.
- Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la OEA.
* La investigación abarcó las percepciones de 225 periodistas que laboran en medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independiente (3%), ubicados en los 13 principales estados de Venezuela. Se trata de una investigación con una muestra seleccionada de manera aleatoria, cuyo proceso de recolección de datos se ejecutó del 1 de agosto al 5 de septiembre de 2014.
Estudio 2014, realizado por IPYS Venezuela. Coordina Mariengracia Chirinos ( * Extracto)
