El debate entre regulación y abolición distrae del problema más claro y acuciante: los derechos humanos – Miles de extranjeras son violadas, aisladas y explotadas en Europa por las mafias
Siempre, la compraventa de sexo ha estado ligada a una paupérrima situación económica que ahora se denomina, de forma globalizada, feminización de la pobreza.
Hasta hace poco, las posturas políticas al respecto se antojaban simples: prohibir o legalizar la prostitución. Pero un fenómeno nuevo, la inmigración, ha llenado de matices el debate. Las cifras que reconoce el Gobierno como buenas indican que el 90% de las prostitutas son extranjeras y un 80% del total son víctimas de la trata, es decir, que no han optado por trabajar en la calle para llevar ingresos a casa, sino que están en manos de mafias sin posibilidad alguna de elegir. Los que están de acuerdo con este análisis califican la situación de esclavitud del siglo XXI y retratan torturas, secuestros, aislamiento y violaciones sistemáticas para domesticar la voluntad de unas mujeres que han viajado engañadas en busca de otros empleos.
Hay algunas organizaciones y partidos políticos del ala más izquierdista casi dan la vuelta a esas cifras. Afirman que un 80% de las prostitutas ejercen voluntariamente y son minoría las que lo hacen sin escapatoria alguna. La organización más representativa de esta versión, Hetaira, entiende que en ambos casos hay mucho que hacer y no creen que se esté en el buen camino. Estas son las que se denominan -siempre con matices- regulacionistas. Piden que el Estatuto de los Trabajadores ampare a aquellas que se prostituyen voluntariamente.
La asociación Apramp, con presencia en varias comunidades, informa a unas 500 mujeres distintas en la calle o en burdeles cada día. «Si ellas nos pidieran que regularan su situación laboral no nos negaríamos, pero lo que estamos viendo es una esclavitud: mujeres maltratadas, violadas cada día, que las encierran en pisos y nadie habla con ellas hasta que deciden hacer la calle», explica Rocío Mora. Por eso, Apramp se encuadra entre las abolicionistas.
Rocío Mora lo que pide son soluciones inmediatas para las miles de mujeres que están pasando por una mala situación ahora. En el caso de la trata, aunque no hay acuerdo en la cifra, sí coinciden unas y otras en que es un caso de derechos humanos y como tal hay que abordarlo. La primera medida que toman las mafias que trafican con estas mujeres es despojarlas de sus papeles para que no puedan acceder a un permiso de trabajo ni de residencia. Son prisioneras. También de las amenazas, que se extienden a sus familias en los países de origen.
La ONU calcula que la prostitución mueve entre cinco y siete billones de dólares anuales (entre tres y cinco billones de euros) y afecta a cuatro millones de víctimas.
Cuando la policía irrumpe en un burdel las mujeres pueden denunciar a quienes las han reclutado a la fuerza. Si lo hacen pasan a ser tratadas como testigos protegidos. ¿Pero lo estarán sus familias en Brasil, en Rumania, en Polonia? Los golpes, las torturas y las amenazas hacen una espiral en sus cabezas. Prácticamente ninguna mujer se atreve a ir a la policía, aunque eso parezca la salida más fácil.
«Esto es como la violencia de género, que se les pide que denuncien pero no siempre lo hacen. Pero peor, porque estas mujeres han sufrido unos malos tratos tremendos. Por eso hemos pedido al Gobierno que se les conceda al menos un mes para que podamos trabajar con ellas desde un punto de vista psiquiátrico, si no, no denunciarán nunca». Así será. «Nosotros les demostramos en ese tiempo que todo es un gran negocio, que nadie les está ayudando, como les dicen», cuenta Rocío Mora, de Apramp. Pero, desgraciadamente, reconoce que cada vez es más difícil recuperar a las prostitutas porque los problemas psiquiátricos que presentan ahora no tienen nada que ver con los que había años atrás.
En Hetaira van más allá, creen que el llamado «periodo de reflexión» de 30 días no sirve. «Esas mujeres que han sido traficadas deben recibir todas las atenciones que se merecen por haber sufrido esa situación, no condicionar su estancia en España a que denuncien o den detalles sobre las mafias».
Derechos es lo que piden unas y otras. Soluciones inmediatas, con independencia de que el Gobierno se decida a hacer un Plan Integral o a decantarse por penalizar al cliente o no. Salidas para esas mujeres que están sufriendo ya ese maltrato.
Sobre las que actúan en libertad, la asociación Apramp no cree ni que existan. «Si preguntas a cualquiera de las que están en la calle te dirán que lo hacen voluntariamente, porque a veces necesitamos meses para que reconozcan que son víctimas de trata. Si son tan libres, ¿por qué desaparecen del club en el que trabajan cuando nos acercamos a hablar con ellas más de 10 minutos? Si van acompañadas hasta a la peluquería. Si algunas no cierran la puerta del baño meses después porque están acostumbradas a una vigilancia permanente, si las cronometran cuando están con los hombres en su habitación, recalca Rocío Mora.
«¿Cómo vamos a pedir que se regule la situación laboral de estas mujeres? Sería tanto como pedir que se dé amparo legal a una situación mafiosa», añade Mora
Algunas de ellas trabajan como topos para conseguir que otras abandonen también la prisión en la que están. A otras les ofrecen talleres y colaboran con otras organizaciones para proporcionarles algún trabajo, por lo general en el servicio doméstico o cuidando ancianos. Pero la labor de documentarlas es ardua y eso es lo primero que tienen que hacer y para lo que piden ayuda a la administración.
Las abolicionistas en España tienen una certeza firme: se trata de víctimas de mafias y hay que acabar con ello y permitirles a estas mujeres otra vida.
Extractado del Artículo de Carmen Morán:
Prostitutas puede, esclavas no de EL PAÍS (24/9/2008)
