‘¿Se puede condenar la guerra y al mismo tiempo duplicar las ventas de armas que permite escalar hasta el octavo lugar del –ranking- mundial como ha ocurrido en la actual legislatura?’
La pregunta se la hacía el fotógrafo Gervasio Sánchez al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, adalid de la Alianza de Civilizaciones, en la inauguración de sus «Vidas minadas», un proyecto en el que el reportero lleva diez años involucrado. Y añadía: «Me parece vergonzoso que ya hayamos alcanzado la categoría de cuartos de final como vendedores de armas mientras nos mantenemos en la cola de los países más avanzados cuando aplicamos otros indicadores del desarrollo humano».
Es una de las grandes paradojas de un país que a su condición de potencia en donación de órganos, consumo de drogas y crecimiento del Producto Nacional Bruto (por encima de Italia, miembro del grupo de los siete países más industrializados del mundo), se aupó en 2006 al puesto de octavo exportador mundial de armas. Gracias a la venta de fragatas. Pero la posición no es segura. Hay mucha competencia. Un contrasentido que sumar a otro todavía más llamativo: que los únicos miembros permanentes y por lo tanto con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo encargado de velar por la paz internacional, se ciñan la corona de principales fabricantes de armas del planeta. Si el negocio del bombero es el fuego, mejor que no falten nunca llamas.
El Gobierno español no detalló el destino de buena parte de las armas y municiones que en 2006 generaron unos ingresos de más de 800 millones de euros, pero entre ellos figuraban países como Pakistán, que es una amenaza para la paz mundial, o Marruecos, que compró a empresas españolas armas por valor de 16 millones de euros sin que sus fuerzas de seguridad mejoraran su hoja de servicios en cuanto a violación de derechos humanos, por no hablar del conflicto latente en el antiguo Sáhara español, que Rabat sigue ocupando de forma fraudulenta.
Uno de los aspectos más inquietantes es el destino final de las municiones. Ghana importó en los dos últimos años munición manufacturada por compañías españolas por un montante total de 7 millones de euros. Aunque en la aduana los envíos suelen camuflarse bajo la etiqueta de «material de tiro y caza deportiva», hace años que balas españolas siegan vidas en los conflictos que han incendiado África Occidental, como Liberia (donde este corresponsal recogió cajas de cartuchos fabricados en el norte de España), Sierra Leona, Guinea Conakry o Costa de Marfil… países que con grandes dificultades y diferente grado de éxito reconducen guerras civiles y estragos en los que la población civil ha sido siempre la víctima principal.
Fruto de la presión de la sociedad civil (encauzada a lo largo de diez años de campaña por organizaciones como Amnistía Internacional, Fundación per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam), el Congreso de los Diputados aprobó a fines del año pasado la Ley de Comercio de Armas, que prohíbe expresamente la venta de armas a países en conflicto, donde se violen los derechos humanos o estén sometidos a embargos, y que entre los documentos de control se incluirán cláusulas de no re-exportación, de tal modo que el país receptor se compromete a no vender o transferir esos productos a un tercer país.
Aunque las ONG implicadas en la campaña celebran el nuevo ordenamiento, lamentan que en materia de transparencia la ley no cita por ejemplo la obligación del Gobierno de dar información pormenorizada del producto exportado, la junta que regula la exportación de armas y material de defensa mantenga su arbitrio a la hora de eximir a los exportadores de presentar documentos de control en ciertos casos y no se estipule la obligatoriedad de exigir el certificado de destino y uso final.«El Gobierno español trata de hacer compatible cumplir con exigencias de la Unión Europea sobre comercio de armas y mantener su posición como exportador competitivo en el mercado global de armamentos. La nueva ley es interesante en lo que respecta a los registros y control, pero el comercio de armas tiene un lado incontrolable », señala Mariano Aguirre, director del área de Paz y Seguridad del Instituto Fride.«La venta y reventa, especialmente de armas ligeras e intermedias como las que vende España, no es controlable una vez que éstas han entrado en los circuitos internacionales. La ley es útil en España y el espacio europeo pero, ¿qué pasa fuera? ¿No somos responsables de los destinos últimos de las armas?».
Con la nueva ley en la mano, advierte Eugenio Barquero, de Intermón Oxfam, «no se pueden seguir exportando armas a países como Pakistán o Marruecos». En su defensa de la nueva ley ante el Congreso de los Diputados, Pedro Mejía Gómez, secretario de Estado de Turismo y Comercio, recalcó que el 90 por ciento de las exportaciones va a países de la OTAN, antes de ufanarse de un negocio vibrante: «Creo que todos podemos sentirnos razonablemente satisfechos y orgullosos de que en España existan empresas capaces de suministrar este tipo de bienes y en muchos casos -cada vez más- este tipo de servicios. Me permitirán también recordarles que, como ha comentado el diputado del Grupo Popular, hemos tenido un incremento del 101 % y pensamos que este año y en los siguientes vamos a ver incrementos en las exportaciones de este tipo de productos». La nueva batalla en la que están volcadas algunas de las ONG que han apadrinado la ley sobre el comercio de balas, fragatas y material antidistubios se cifra en la prohibición total de la fabricación, almacenamiento y venta de las bombas de racimo. Al menos 75 países tienen depósitos de estos artefactos, 34 han fabricado más de 210 tipos de estas bombas que se han utilizado en, al menos, 25 países. El Ejército israelí e Hizbolá las emplearon el año pasado. Siguen haciendo daño. El 98 % de sus víctimas son civiles. España las fabrica, el Ejército las almacena, Defensa las justifica por «necesidades» estratégicas.
