En junio de 1916, Santiago Alba, ministro de Hacienda, presentó un Proyecto de Ley de Gravamen a los Beneficios Extraordinarios obtenidos por las sociedades y los particulares con ocasión de la 1º Guerra Mundial.
El tipo impositivo se fijaba en una escala que iba desde el 25 hasta el 40% en función de los beneficios obtenidos y obedecía a las necesidades de la Hacienda Pública, y también al principio de justicia distributiva, pues así se recogía en el Preámbulo del mismo: «… mientras la gran masa de los ciudadanos sufre enormes daños en sus haciendas, como consecuencia inevitable de la trágica conflagración que estamos presenciando, ciertas colectividades e individuos recogen pingües beneficios, que precisamente la anormalidad de las circunstancias derrama sobre ellos a manos llenas, y como tales beneficios son obtenidos a costa de aquellos daños, un principio de verdadera justicia distributiva que exige de los afortunados que contribuyan en la debida proporción…».
Otros países europeos habían establecido tributos similares para paliar las desigualdades provocadas por la guerra, sin embargo, en España se inició una fuerte campaña –parlamentaria y extraparlamentaria- de obstrucción al Proyecto, encuadrada dentro de la estrategia patronal como modelo de presión en defensa de unos determinados intereses ligados a las posiciones de clase de la burguesía nacional, sobre todo de aquellos sectores que más se estaban beneficiando de la guerra.
Mientras el Ministro procedía a la lectura del Proyecto, la mayoría de los Diputados se marchó del salón. Y desde ese momento, ya no dejarán de ejercerse presiones cada vez más importantes, destacando en esta ofensiva los intereses vascos (empresas navieras, mineras, siderometalúrgicas, bancarias, etc.) Así lo denunció Julio Carabias, en Revista Nacional de Economía: Pues en efecto, aunque la lectura y publicación del Proyecto produjo extraordinaria marejada y agitación entre todos los elementos industriales y mercantiles afectados, siendo la queja unánime, ha de reconocerse, sin embargo, que Vizcaya se significó especialmente. Y como señaló Jesús Pabón: Siendo, además extraordinariamente activa la campaña en contra que llevó a cabo la minoría regionalista catalana, dentro y fuera de las Cortes, dirigida por Francisco Cambó.
Casi 80 entidades presentaron alegaciones al proyecto, recogidas en el Diario de Sesiones de las Cortes, reflejando la capacidad de coordinación y maniobra de los grupos de interés más importantes del capitalismo español de la época. El 70% de estas entidades estaban domiciliadas en País Vasco, Cataluña y Madrid
Los más importantes grupos patronales se posicionaron públicamente en contra. Se celebraron reuniones de la Asamblea de las fuerzas vivas y de La Liga de Productores de Vizcaya, en las que se rechaza el Proyecto, con argumentos como que inutiliza las ansias de bienestar y grandeza material que la Patria siente de impulsar la riqueza española (…), ocasionando la desaparición de las industrias navieras, siderúrgicas y huyeras… «El 13 de junio, los presidentes de las Diputaciones vascas, en un manifiesto público, se oponen al Proyecto de Alba. El 23 de junio, La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, y el Sindicato de Fomento de Bilbao emiten sendos comunicados para manifestar su oposición. Y ese mismo día, la Compañía Marítima del Nervión, segunda en importancia entre la flota bilbaína, celebra Junta extraordinaria de Accionistas, acordando «facultar al Consejo para liquidar la Compañía si prosperan los proyectos del Gobierno». Y acuerda también «ir al reembolso de las obligaciones del Tesoro que posee». Parecidos acuerdos toman la Compañía Algorteña de Navegación y la del Vapor Vizcaya.
El 28 de junio se reunieron en Asamblea de industriales y comerciantes en el Hotel Palace de Madrid, los representantes de las élites políticas y económicas del país. Cambó se presentó allí como uno de los líderes indiscutibles de la campaña de obstrucción parlamentaria, y en cuyo discurso profirió, entre otras, las siguientes palabras amenazantes: …»aunque algunos califiquen de egoísta esta propuesta (…) el egoísmo es conveniente, es salvador, porque excita al trabajo y promueve iniciativas (…) si se aprueba el Proyecto, los fabricantes, los industriales serán rentistas, y los obreros hambrientos».
Así, en la sesión del 2 de octubre el propio Cambó formuló la petición de aplazamiento de la discusión del proyecto, la cual se aceptó, no volviéndose a discutir el proyecto en las Cámaras. En su discurso en el Coliseo Albia manifestará «la convergencia y acercamiento entre intereses catalanes y vascos».
Un gran número de revistas y periódicos, como La Veu de Catalunya y Euskadi, vertieron duras críticas al Proyecto, calificándole de brutal, injusto, monstruoso, funesto. Sin embargo, Pérez de Ayala escribirá un año más tarde que el Proyecto no llegó a ser aprobado porque «la mayoría de los diputados lo combatió con obtusa contumacia». «Los consejeros y abogados de casi todas las grandes compañías españolas son personajes políticos. En otros casos anteriores la relación de servidumbre y dependencia de los políticos respecto de los plutócratas había sido opinable, aunque sospechosa. Después del fracaso del Proyecto era harto palpable».
*María Alvarez Ibarburu, del libro Desigualdades regionales en España: burguesía, capitalismo y nacionalismo, de Ediciones Voz de los sin voz.
