La revista Umoya ha denunciado la situación por la cual en los últimos años, el comercio de certificados de CO2 se ha vuelto muy lucrativo. En el estado de Sierra Leona, en África occidental, empresas internacionales planean crear vastas plantaciones de árboles para utilizarlas en proyectos de compensación de carbono. Sin embargo, un informe de investigación de Entraide Protestante Suisse (EPER) revela que, contrariamente a lo que prescribe la ley, muchas de las familias campesinas propietarias de estas tierras parecen que nunca han aprobado este proyecto.
Esto no sólo sería una violación de la ley de Sierra Leona, sino también de los principios de Verra, la organización responsable de certificar los créditos de carbono. En este controvertido proyecto también participa la consultora suiza ecosecurities. «Nuestra producción es climáticamente neutra», es lo que afirman muchas empresas con fines publicitarios, aunque en ocasiones siguen emitiendo grandes cantidades de CO2. ¿Su truco? Estas empresas compran créditos de carbono de proyectos destinados a reducir las emisiones o almacenar CO2, p. ex. gracias a la reforestación. Sin embargo, este comercio, que resulta muy lucrativo para las empresas que venden créditos de carbono, aumenta la demanda mundial de tierras. Como resultado, las familias de agricultores en el Sur Global a menudo pierden el control sobre sus tierras y, por lo tanto, se ven privadas de la base misma de su sustento.
Esto es lo que corre el riesgo de sucederle a muchas familias en la región de Port Loko en Sierra Leona. La empresa canadiense Carbon Done Right y la Rewilding Company, con sede en Sierra Leona y vinculada a Carbon Done Right, han lanzado allí un proyecto de reforestación de al menos 25.000 hectáreas, con el fin de almacenar 12 millones de toneladas de CO2 durante más de 50 años. La venta de créditos de este proyecto debería aportar a estas empresas entre 300 y 450 millones de dólares.
Una investigación llevada a cabo por HEKS y otras cuatro ONG de Sierra Leona plantea serias dudas sobre la legalidad del proyecto. Según la ley de tierras de Sierra Leona, en el caso de un arrendamiento agrícola, el 60% de los miembros de la familia propietarios de la tierra en cuestión deben dar su consentimiento y haber sido suficientemente informados sobre el proyecto planeado en su tierra. A continuación, el inversor debe registrar el acuerdo ante las autoridades. Sólo entonces se podrá vender o alquilar el terreno.
La investigación, en la que se interrogó a los habitantes de 25 pueblos, tiende a demostrar que estas disposiciones no fueron respetadas. Además, las pruebas escritas proporcionadas por Carbon Done Right y Rewilding Company a petición del equipo de investigación fueron insuficientes. Además, esta situación contravendría el principio de “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI) defendido por Verra, empresa encargada de certificar los créditos de carbono resultantes del proyecto y hacerlos así negociables.
La empresa de consultoría ecosecurities, con sede en Ginebra, recibió el encargo de Rewilding Company de realizar la solicitud necesaria y proporcionar los documentos correspondientes. Sin embargo, ciertos elementos clave contenidos en los documentos elaborados por ecosecurities contradicen los resultados de la investigación. Muchas contradicciones.
Ecosecurities afirma que el proyecto Rewilding Company se basa en un compromiso constante con las comunidades locales, una estrategia sólida de CLPI y un enfoque participativo e inclusivo. Sin embargo, estas afirmaciones contradicen los resultados de la investigación y los testimonios de los propietarios de tierras afectados. Por ejemplo, casi todas las mujeres entrevistadas dijeron que no habían participado lo suficiente en las negociaciones relacionadas con la transacción de tierras con Rewilding Company. Muchos propietarios de tierras entrevistados por el equipo tampoco tenían idea de qué eran los créditos de carbono y no sabían que Rewilding Company, en su solicitud a Verra, anticipó el uso de la tierra durante 50 años. En las negociaciones, la duración mencionada fue generalmente de sólo 25 años. Un plazo de arrendamiento más largo habría sido inaceptable para muchas personas involucradas. Además, no está claro cómo los propietarios de tierras obtendrán el 10% de las ganancias prometido por Rewilding Company. Otro dato interesante: aparentemente, Rewilding Company espera unos ingresos anuales de 360 dólares por hectárea de tierra, mientras que el alquiler pagado a los propietarios de tierras asciende a sólo 14 dólares por hectárea al año.