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Cambia el perfil del inmigrante empobrecido en España

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La imagen de la inmigración «sin papeles» en España es la de una mujer de unos 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras y que entró en el país con un billete de avión. Un retrato robot que no se parece nada al prejuicio asociado al fenómeno, el de un hombre subsahariano o del norte de África que accedió cruzando el Estrecho.

En realidad, la proporción de africanos representa menos de un 10% del total. Y solo una pequeña minoría desembarcan de una patera o un cayuco. Es más: uno de cada cuatro extranjeros sin papeles entró por Barajas o El Prat con un pasaporte colombiano (que no necesita visado desde 2015) y se quedó a vivir.

Son algunas de las conclusiones del primer informe exhaustivo sobre el tema elaborado en España en los últimos años. Un trabajo que, con las dificultades metodológicas que entraña cuantificar un fenómeno que opera bajo radar, ofrece una horquilla aproximada gracias al trabajo sobre cuatro grandes fuentes de datos.

Los investigadores Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III de Madrid) y Gonzalo Fanjul (Fundación PorCausa) han procesado la información obtenida cruzando permisos de residencia, padrón municipal, encuesta de población activa y tarjetas sanitarias. Estas son sus conclusiones.

Se estima que a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas en esta situación, entre 6 y 20 veces más que en 2014 (dependiendo de la metodología comparativa). La horquilla supone entre el 11% y el 13% del total de inmigrantes extra-comunitarios y alrededor del 0,8% de la población total que reside en España.

Se trata de algo así como una tercera parte del millón doscientos mil registrados antes de la última regularización de inmigrantes, la efectuada en 2005 por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. “Los números absolutos”, comentan los autores del informe, “crecieron durante los primeros años de la década pasada, cayeron de forma abrupta durante la crisis 2008-2015 y se recuperaron desde 2015”.

Se trata del primer informe exhaustivo elaborado en España en los últimos años

Entre los irregulares hay más mujeres que hombres: concretamente el 55 por ciento. El informe revela además que cuatro de cada cinco tienen menos de 40 años y siete de cada diez varones están por debajo de los 30. La edad media de los hombres es sensiblemente más baja que la de las mujeres.

Casi cuatro de cada cinco (77%) proceden de América Central y del Sur. Y tres países acaparan un 60% del total: Colombia, Venezuela y Honduras. Se trata de comunidades de inmigrantes en las que la tasa de irregularidad -número de sin papeles sobre el total- se sitúa ya entre el 30 y el 50%. En el extremo opuesto están Bolivia y Ecuador, beneficiados en la regularización de 2005 y donde la tasa de irregularidad es hoy marginal.

La inmigración irregular procedente de Colombia se disparó tras la eliminación del visado en 2015.

Las razones de este auge, recuerdan los investigadores, difieren de país a país. En Venezuela tiene que ver con el éxodo provocado por su gigantesca crisis económica y política. En Honduras, por los flujos derivados de la desintegración social y la violencia se han redirigido hacia la Unión Europea tras el cierre de la ruta por México hacia los Estados Unidos. En Colombia, por el contrario, se descontroló con la eliminación de la visa Schengen a partir de junio de 2015.

En el otro extremo, los llegados desde el continente africano aportan un 9,2%. Se trata de alrededor de 43.000 personas, de las cuales más de la mitad proceden de Marruecos. Del África Subsahariana solo son significativos los flujos procedentes de Nigeria y Senegal. Con todo, cita el informe, se trata de “cifras de inmigración irregular ridículas cuando se las compara con otros orígenes. Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, casi triplican en tasa de irregularidad la media del continente africano”.

El informe estima que alrededor de 300.000 extracomunitarios ocupan un empleo en la economía informal. Esto es: uno de cada cinco tenía un trabajo sumergido antes de la pandemia. La cifra no hace distinción entre quienes carecen de permiso de trabajo y quienes sí tienen permiso, pero se ven obligados a ganarse la vida en la economía sumergida. “La información disponible”, advierten los autores, “nos impide establecer quién es quién dentro de este grupo, de modo que no es posible contestar con certeza cuántos inmigrantes sin papeles se encuentran empleados en este momento”.

Por sectores, los autores estiman que las actividades del hogar concentran el mayor número de empleados en situación irregular (80.000 trabajadores, más del 30% del total), seguido de cerca por el sector de la hostelería (29%, 70.000 trabajadores).

A finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 irregulares en España, entre 6 y 20 veces más que en 2014

El informe también subraya que casi la mitad de los extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones calificadas como “esenciales” por los criterios establecidos por la Comisión Europea. En términos relativos, son especialmente numerosos en actividades como la limpieza y asistencia, la construcción y los cuidados personales.

Quizá el capítulo más polémico del informe es el dedicado a estimar la aportación a las arcas del Estado de la población inmigrante y los potenciales efectos de una regularización de todos aquellos que se encuentran hoy en situación irregular. Los autores lo exponen mediante dos conceptos: “contribución fiscal neta directa” y “contribución fiscal total”.

El 55% de los irregulares son mujeres y vienen a España con edades superiores a las de los inmigrantes varones

La primera calcula las aportaciones sobre la renta y contribuciones sociales y le resta la suma de las transferencias públicas recibidas de los hogares. Es decir: cuánto contribuyen menos lo ingresado en forma de ayudas directas. El saldo de esta primera estimación es positivo y se sitúa entorno a los 4.200 euros anuales por familia, un 70% más alto que el de los hogares con nacionalidad española (más envejecidos y condicionados por el efecto estadístico de los cerca de 10 millones de pensionistas -6 millones de ellos jubilados-). Aunque pueda sorprender, se trata de cifras en sintonía con las expuestas en trabajos similares realizados en otros países del entorno europeo.