Un juzgado Vinaroz abre una causa por las prospecciones en la costa de Castellón tras la denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación en el caso Castor. También hay una investigación abierta sobre conductas irregulares en licitaciones públicas en el Ayuntamiento de Madrid.
El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha abierto una causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y ha imputado a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez ha abierto un procedimiento sobre las prospecciones en la costa de Castellón tras la denuncia interpuesta por Fiscalía.
La causa se ha iniciado por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales, y el juez tomará declaración a 18 imputados. Entre ellos se encuentra el presidente de la empresa Escal-UGS Recaredo del Potro y los miembros del consejo de administración. Dos de ellos, Juan Cristóbal González Wiedmaier y José Alfonso Nebrera García, también son directivos de ACS.
La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS,la sociedad participada en el 66,6% por ACS ,el grupo de Florentino Pérez.
Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta, recuerda Europa Press.
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Conductas irregulares en contratos del Ayuntamiento de Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado “múltiples contactos” entre las empresas que se disputan y gestionan los principales contratos de servicios de la capital (recogida de basuras, limpieza viaria, etcétera), y ha acreditado conductas irregulares (“contactos, acuerdos, pactos, etcétera”) para compartir “información sensible”, repartirse licitaciones públicas o influir en ellas según sus intereses empresariales.
La resolución conocida ayer afecta a la gestión de residuos industriales, la recuperación de papel y cartón y el saneamiento urbano; este último apartado comprende desde la recogida de basura hasta el reciclaje, la incineración o la obtención de biogas en el vertedero de Valdemingómez; y, además, la limpieza viaria, el cuidado de parques, etcétera.
Las principales empresas del sector son Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Ferrovial (a través de su filial Cespa), ACS (a través de Urbaser) y Sacyr (a través de Valoriza). También se ha investigado a la firma Valdemingómez 2000 (propiedad en un 40% de Sacyr, un 40% de ACS y un 20% de Ferrovial) por sus contratos en el vertedero; y a la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, en la que están representados los cuatro grupos.
La investigación tiene alcance nacional e implica a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, a las que se impone una multa conjunta de 98,2 millones de euros. En el caso de los cuatro grandes grupos, la sanción equivale al 3% de sus ventas durante el periodo investigado: 23,3 millones a ACS, 16,8 millones a FCC; 15,3 millones a Sacyr; y 13,6 millones a Ferrovial. Estas empresas han avanzado que recurrirán ante la justicia.
Fuente: elpais.com; elboletin.com
