DELINCUENCIA URBANÍSTICA

ANTONIO VERCHER NOGUERA es fiscal del Tribunal Supremo
17/09/2003

Andan algo revueltas estos días las aguas del urbanismo en Madrid a causa de determinados acontecimientos de matiz político-electoral que no son sino expresión de todo un submundo que, aunque nos neguemos a reconocer, está lamentablemente ahí. El tema es extraordinariamente complicado y haría falta la paciencia de un teólogo medieval para entrar en los detalles y pormenores que toda esta temática ofrece. No obstante, y aun a riesgo de simplificar, quisiera ofrecer algunas reflexiones al respecto.

Debo partir, en primer lugar, de un principio elemental que viene descrito en el artículo 47 de la Constitución Española y que reza lo siguiente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Ocurre, empero, que de la teoría constitucional a la práctica cotidiana existe un largo trecho. Que en modo alguno es fácil conseguir una vivienda y que la misma constituye más bien uno de los problemas más acuciantes de la realidad social española es algo fácil de comprobar. Basta con leer la prensa o conectar el televisor, en uno de esos escasos momentos que deja libre el programa Hotel
Glam y sucedáneos, para verificar la magnitud del problema. La vivienda se está convirtiendo en algo prácticamente inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, cuando precisamente la Constitución española obliga a las autoridades a facilitar esa accesibilidad. «Promoverán las condiciones necesarias», continúa diciendo el artículo 47, «para hacer efectivo ese derecho».
Lo cierto es, sin embargo, que el precio medio de la vivienda en España, según un estudio de Caixa Cataluña, ha subido un 83% entre 1994 y 2002, mientras que los salarios han crecido sólo un 30%. Así pues, los precios son tan astronómicos que el sufrido ciudadano debe destinar en la actualidad el 50,9% de su salario bruto para poder adquirir la ansiada vivienda; porcentaje que se incrementa notablemente -un 69%- si el ciudadano tiene la desgracia de vivir en Madrid o en Baleares. O sea, y hablando claramente, un verdadero desastre.

A la hora de buscar causas que expliquen esa situación se habla de la ya famosa
burbuja inmobiliaria; se alega la galopante reducción de suelo disponible; se critica la carencia de viviendas sociales; se dice también que el efecto Euro ha contribuido a encarecer la vivienda en un 12,7%. Se podría ofrecer, en fin, una larga serie de hipotéticas causas, muchas de las cuales se han alegado y discutido de manera especialmente enfática a lo largo del debate electoral que acaba de concluir.

Como ya adelantaba, el tema es especialmente complejo. Hay un punto, sin embargo, que creo es esencial entresacar de entre tanta complejidad y que sospecho se suele olvidar en el afán por buscar una solución a tan enjundioso problema. Pues bien, en ese totum revolutum que es la ordenación del territorio y el urbanismo existe hoy en día un importante número de actividades que constituyen delito a tenor de los artículos 319 y 320 del Código Penal. Lo extraño es que la mayoría de ellas pasen desapercibidas y muchas incluso se asumen con absoluta normalidad por un importante sector de la sociedad española. El artículo 319 se refiere a las construcciones ilegales, es decir, las construcciones sin autorización y sobre determinados tipos de suelo que reciben alguna forma de protección. El segundo de los artículos citados trata de evitar ciertos procesos irregulares de concesión de licencias por parte de autoridades o funcionarios. Con el artículo 320 el Código Penal deja perfectamente claro la necesidad de sancionar penalmente a quienes desde puestos de poder, o amparándose en sus cargos administrativos, permiten que se construya ilegalmente. Se trata de hechos delictivos con una clara repercusión económica, puesto que esas licencias irregulares tienen un coste pecuniario que siempre acaba reflejándose en el precio final de la vivienda.

Pero esto no es todo. Actualmente, el valor del suelo representa el 50% del coste total de la vivienda. A su vez, el precio del suelo viene encareciéndose hasta niveles insospechados. Hace unos meses y en un interesante artículo, se denunciaba la práctica de acaparar masivamente suelo en manos privadas -normalmente por constructoras y promotoras-, provocando con ello el consabido aumento de su precio. Ante tal situación se preguntaba el autor, con toda la razón del mundo, si ese quehacer no pudiera constituir lo que el artículo 281 del Código Penal califica como una «maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas».

Hay otros aspectos a tener en cuenta. Anteriormente me refería al aumento del
valor de la vivienda como consecuencia del efecto Euro, ciertamente indeseable, pero, a fin de cuentas, más o menos natural. Algunos estudios han demostrado sin embargo otra versión del efecto Euro: la llegada de ingentes cantidades de dinero negro al mercado de la vivienda como consecuencia de la introducción del Euro como moneda en España y ante la necesidad de blanquear el mismo. Es evidente que esto ha supuesto un aumento de la demanda, con el inevitable, de nuevo, encarecimiento del precio de la vivienda. Según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, la vivienda ha llegado a absorber más de un billón de pesetas del dinero negro aflorado a lo largo del año 2001.

Pero no termina aquí la cosa. El negocio de la construcción y la corrupción inmobiliaria están en el punto de mira de los aproximadamente 200 grupos mafiosos detectados en nuestro país por la policía como forma de favorecer el blanqueo de capitales. Que duda cabe que estas «inconfesables actividades» introducen imponderables añadidos en un mercado ya de por sí caótico y desbocado y que no pueden sino acabar perjudicando al ciudadano de a pie.

Todo ello sin olvidar toda una larga lista de prácticas protagonizadas básicamente por Ayuntamientos y grandes empresas que ponen en entredicho, como mínimo, los más elementales principios éticos que debieran regir el funcionamiento de la vida pública española. Se trata, por ejemplo, de cesiones a muy bajo precio de suelo a empresas para fines de utilidad social, siendo así que tales fines nunca se llevan a cabo. En tal caso, la empresa vende el suelo a precios astronómicos, ingresando en su patrimonio cantidades que de otro modo hubieran ingresado en el erario público. Podría hablarse también de expropiaciones de terrenos privados para actividades de utilidad social o pública y la posterior venta de los mismos en el libre mercado con pingües beneficios para la Administración. Los propietarios originales se quedan, a su vez, a la luna de Valencia, en el sentido más amplio de la expresión. La lista de prácticas irregulares se adivina interminable. Se trata de actividades que si no son delito, y no voy a entrar ahora en ese punto, son al menos indicativas de que Rinconete y Cortadillo, el Diablo Cojuelo o El Lazarillo de Tormes, es decir, lo más florido y castizo de la picaresca española, siguen vivos entre nosotros y gozan además de buena salud.

Así pues, al margen de todas las causas que estadísticamente explican, de manera más o menos precisa, el aumento del coste de la vivienda, hay un importante poso de prácticas irregulares, corruptas o incluso delictivas que tienen una nada desdeñable incidencia en el precio final de la vivienda en España y en cuya erradicación debería ponerse un empeño especial. El problema reside en que por su complejidad, especialidad y por los poderosos intereses que hay en juego, es necesario penetrar en las profundidades de la materia, afrontando todas las consecuencias que surjan y, sobre todo, valerse del auxilio de los especialistas. Que haya interés político en buscar una solución a lo dicho es otro tema distinto y con su correspondiente punto y aparte. Que yo sepa, y siguiendo el dicho popular, nunca se consiguió construir una casa empezándola por el tejado. Esperemos que los recientes acontecimientos pos-electorales en Madrid actúen como revulsivo y nos obliguen a todos a replantearnos el tema, pues, en un sentido u otro, a todos nos afecta.