España: un país hipotecado

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  • El decreto de los desahucios: ¿otra estación en el vía crucis de la crisis?
  • El gobierno ha legislado conforme a las coordenadas que han marcado los banqueros

La España recortada.

Los decretos con los que se gobierna al pueblo español en estos últimos tiempos se asemejan mucho a un ajuste de cuentas. Sin debate ni información previa, las bofetadas van dirigidas a la misma mejilla. La formalización de la intervención de la economía española se ha plasmado en un documento denominado Memorando de Entendimiento firmado por nuestro gobierno en julio de 2012 que detalla las condiciones para recibir la ayuda a nuestro sistema bancario. Aquel agujero ilimitado que requiere de sacrificios ilimitados ha hecho de la crisis bancaria el centro de la economía.

Los tijeretazos a la protección social se hacen sin margen de discusión ninguna. El vía crucis que comenzó con la ministra Elena Salgado en mayo de 2010 va pasando por las diversas estaciones: la de la sanidad, la de la educación, la del control de los desempleados y, fundamentalmente, la del paro. La destrucción de empleo se configura como una forma de recuperar la competitividad porque el trabajo se ha convertido en una moneda de cambio.

Solo ha habido un decreto, publicado en septiembre de 2012, que aprueba el aumento de gastos pero lo es en créditos extraordinarios para gasto armamentístico porque ello parece ser que sirve para mantener el prestigio de la marca España.

La crisis ha evidenciado la debilidad de nuestra democracia. Las misiones de control de los hombres de negro de la economía y su férreo control de la reducción del déficit público a costa de los ciudadanos y a favor de los mercados financieros, constituyen el verdadero poder decisorio. El papel del Parlamento ha quedado reducido a estampillar las decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. Un buen ejemplo lo son las más de noventa páginas de tijeretazos publicadas en el BOE de 14 de julio de 2012. Su aprobación, sin embargo, fue motivo de carcajadas para muchos parlamentarios. Hasta hubo alguna que lo celebró con el famoso ¡que se jodan!.

Cuando el FMI habla de países «bajo administración» se está refiriendo a países que son conducidos, mediante la exención de impuestos y cotizaciones a los ricos y el incremento de impuestos indirectos, a sistemas públicos inviables. El dogma de la austeridad es recitado y venerado como si de un nuevo derecho natural se tratara. La consigna es que como todos hemos cometido excesos, todos debemos hacer sacrificios. Pero los datos son tozudos. El endeudamiento español reside en un 81% en el sector privado y de esa deuda la mayoría no corresponde a las familias sino a las empresas. Y de la deuda empresarial, el 95% es de las grandes empresas que son las que más ayudas reciben y menos impuestos pagan. El lenguaje de la economía es falaz: habla de «racionalizar» para referirse sutilmente al apuntalamiento del desorden existente.

«El desempleo de España bate un record mundial» ha llegado a publicar la prensa económica extranjera. El FMI reconoce en sus informes que las políticas impuestas no ayudan la recuperación económica, pero se repite hasta la saciedad aquella frase de que vamos por el buen camino. ¿En qué quedamos?. Ya son 1,7 millones de hogares españoles los que tienen a todos sus miembros en paro y la desesperación va en aumento. Sin ella no sería posible que ya haya empresas que en su publicidad incluyan humillantes sorteos de puestos de trabajo.

La España hipotecada.

En este mar revuelto hemos asistido a un conato de rebelión judicial. Los 400.000 desahucios no podían pasar desapercibidos y saltaron con fuerza a la opinión pública. Es tan brutal el número de ejecuciones hipotecarias, que tenía que llegar el momento en el que hubiera algún pronunciamiento judicial que mostrara a la opinión pública la perversidad del sistema financiero.

El primer mazazo vino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En él se tramita la demanda de Mohamed Aziz contra Catalunya Caixa después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en 2011. La abogada general dictaminó que la ley española sobre desahucios viola normativa europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.

Este informe daba en el clavo cuando afirmaba que «un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13 cuando el consumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento judicial separado, puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa». Por ello, entiende que el tribunal que lleve el procedimiento debe tener el poder de suspender de forma provisional la ejecución forzosa del desahucio hasta que se haya comprobado si existen cláusulas abusivas en el contrato hipotecario.

Tuvo que ser un tribunal europeo quien abriera los ojos a la opinión pública al informarnos que aquellos 400.000 desahucios se basan en una legislación abusiva que permite, entre otras cosas, que un banco pueda exigir a un cliente la devolución total del crédito por el incumplimiento de una cuota o varias en un periodo de tiempo muy determinado y concreto pese a que la hipoteca estaba proyectada a 33 años, que se impongan abusivos intereses de demora por los retrasos en el pago de las cuotas y que sea el banco o caja decida de manera unilateral el importe de la deuda total a pagar.

El segundo mazazo a la banca vino de un informe elaborado por siete magistrados por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que finalmente el organismo decidió no aprobar pero no pudo impedir su salto a los titulares de prensa. Los magistrados denunciaron la «mala praxis de las entidades bancarias», la «comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos» y «las miserias de determinados productos como las participaciones preferentes» que acaban pagando muchos ciudadanos que, atrapados por el desempleo, se ven inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas por un precio muy inferior al de compra, con el consiguiente riesgo de exclusión social.

El informe sostiene que, a pesar de que «ya nadie discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la burbuja económica que ha generado la crisis», los bancos disponen de una importante ventaja frente a cualquier acreedor: el procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909 debido a la presión de los bancos con el que pretendían disponer de un procedimiento que les permitiera cobrar sus deudas de forma rápida. Proceso judicial extremadamente agresivo frente al deudor, que dota a la escritura de préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia, ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia.

Frente a ello, los jueces autores del informe hicieron dos propuestas que pusieron a los bancos los pelos de punta: extender al cliente sobreendeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado y la adopción de medidas que limiten el poder abusivo de la banca. Entre ellas cabe citar: la creación del concepto de «deudor hipotecario de buena fe», limitar los intereses de demora, proteger de forma especial la vivienda habitual y los locales de negocio, eliminar el privilegio procesal de los bancos, atribuir facultades al Juez para que pueda acordar moratorias dejando transitoriamente en suspenso el pago de las cuotas hipotecarias en caso de que concurran circunstancias excepcionales, aplicar los principios generales del derecho que permitirían suspender el cumplimiento de obligaciones cuando el cambio de circunstancias impidan al deudor su cumplimiento momentáneo por motivos ajenos a su voluntad; modificar el régimen de tasación de las viviendas, a realizar por expertos independientes, ordenar en determinadas circunstancias de la entrega de la vivienda como modo de extinción del crédito, establecer periodos de carencia en los pagos, regular un procedimiento concursal específico para las personas físicas que permita la paralización de ciertas ejecuciones, prever supuestos en que el deudor pueda continuar utilizando la vivienda habitual o el local de negocio, limitar los gastos en caso de mora que hacen crecer la deuda desproporcionadamente agravando, ampliar la posibilidad de que el deudor pueda poner fin a la ejecución pagando las cuotas adeudadas y rehabilitando el préstamo, etc.

Este movimiento adquirió una mayor dimensión pública cuando se hicieron públicas las conclusiones de la reunión de 47 jueces decanos que, a la vista de que su cúpula había desechado el informe anteriormente mencionado, se adjudicaron el papel de encabezar el discurso público contra la crisis en un momento en el que se producen 212 ejecuciones hipotecarias al día. En aquella reunión se oyeron expresiones como que los juzgados se habían convertido en el «cobrador del frac de la banca», que mientras la banca tiene alfombra roja en los juzgados se niegan medios para luchar contra la corrupción. También tuvieron la oportunidad de informar que en este país la familia que no puede pagar una hipoteca es tratada peor que los asesinos, pues mientras el delito de asesinato prescribe a los veinte años, la deuda con el banco no prescribe nunca y la familia que logra rehacer su vida vive con la amenaza del banco que se quedó con su casa vuelva a la carga a pedir una deuda inflada. Todo lo contrario que lo que ocurre en países como Francia o Alemania donde en cinco o siete años se hace un borrón y cuenta nueva de la deuda.

La España engañada.

Con estos papeles sobre la mesa era inevitable que la banca tomara cartas en el asunto. Tras un suicidio provocado por un desahucio que fue portada de los telediarios y un número significativo de juzgados que amenazaban los contratos bancarios con sus resoluciones, la banca movió ficha para consolidar su estatus de impunidad. PP y PSOE escenificaron una reunión de urgencia, con desacuerdo incluido, para alcanzar un acuerdo que culminó en el decreto de 15 de noviembre de 2012 que suspendía los lanzamientos durante dos años en determinados casos.

¿Por qué esta moratoria constituye una burla?. En primer lugar, porque estamos ante una norma que nace tarde. El 35% de propiedades ejecutadas pertenecían a inmigrantes a quienes se ha dejado caer en la ruina con total indiferencia de todos. El 70% de los impagos están provocados por el paro y los más vulnerables han sido los primeros en ser privados de su vivienda y ya no tienen defensa ninguna.

Pero lo más grave es que la moratoria aprobada no resuelve ninguno de los problemas de fondo apuntados. La norma deja intacta la situación de indefensión del deudor que no tiene derecho a que, con carácter previo a su ejecución, pueda impugnar la ilegalidad de muchas cláusulas abusivas de las hipotecas y otras conductas bancarias irregulares. Además, si las condiciones en las que los préstamos fueron pactados han estallado, ejecutar con arreglo a condiciones originales impuestas en los contratos de adhesión por una sola de las partes con estimaciones unilaterales y totalmente equivocadas es un auténtico atropello. No se paraliza la ejecución sino solo el lanzamiento y si la ejecución continúa se puede subastar la vivienda dejando al deudor sin piso y con una deuda que sigue devengando intereses abusivos.

Afrontar el problema hubiera necesitado regular una forma de reducir o reestructurar la deuda con quitas y esperas para poder pagarla en un futuro con un procedimiento concursal específico para las personas físicas y familias como tienen la mayoría de países de la UE. El sobreendeudamiento de tantas familias españolas tiene su origen en el paro y en las prácticas bancarias abusivas. Por ello, los deudores de buena fe merecen una segunda oportunidad. Igualmente, esta norma podría haber tenido el «detalle» de incrementar el mínimo de adjudicación del inmueble en subasta para así poder evitar que la deuda se mantenga tras perder la vivienda o prohibir que sigan corriendo los intereses abusivos y los gastos por costas procesales vergonzosas, cosa que el Tribunal Europeo ha considerado ilegal.

Se ha vuelto a legislar conforme a los intereses de la banca pues sus privilegios siguen intactos. La prensa económica de Wall Street habló del asombro que producía el inmenso poder que tiene la banca española con una legislación a su medida que le abre de par en par el patrimonio familiar. La misma ONU alertó del daño social que han causado las hipotecas y el reguero de familias sin hogar que ha provocado. El gobierno ha vuelto a mentir. No ha actuado movido por el interés humanitario y ha jugado con el sufrimiento de las familias con una operación de maquillaje. La banca amenazó con dejar de dar créditos si le cambiaban la ley hipotecaria. Los bancos quebraron y su agujero lo pagó el contribuyente y ni este gobierno ni el anterior han tenido el arrojo de legislar para aliviar el calvario de sus víctimas a pesar de tener la obligación de hacerlo.

El Decreto trampa establece que, de todas las ejecuciones pendientes, solo un pequeño porcentaje de familias en riesgo de desahucio pueda acogerse a la moratoria, pero sin que la banca deba renegociar el pago ni las condiciones de las hipotecas que impuso en su momento. En pocos días el ministro de economía rebajó a una quinta parte el número de deudores que podrían acogerse a la norma. No es descabellado pensar que el Tribunal Europeo o el mismo Tribunal Constitucional español tumbe el Decreto.

El gobierno ha legislado conforme a las coordenadas que han marcado los banqueros. El aterrizaje de personajes de la banca internacional en los ministerios de economía europeos y altos cargos de bancos centrales y burocracia estatal es altamente significativo. La alianza sellada entre burócratas y tecnócratas ahoga a la sociedad. Su lenguaje les delata: «no hay alternativa», «no hay plan B», «es el camino correcto», son expresiones que nos repiten continuamente para ocultar las tropelías de los que nos han llevado a esta situación. El decreto de la moratoria de los desahucios es la solución que la tecnoburocracia que nos gobierna ha encontrado para aplacar a la opinión pública y a los jueces díscolos sin apartarse lo más mínimo de la ruta trazada. Volvieron a ganar los de siempre.

Autor: Javier Marijuan