La pandemia ha agravado mucho los problemas del sistema de atención a la dependencia. El pasado noviembre murieron 4.339 personas esperando antes de que la burocracia les concediera las ayudas que habían pedido.
Este año ya han fallecido en esa situación 51.540, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. De estas personas, casi 32.000 ya tenían el derecho a una prestación o servicio reconocido, pero aún no lo recibían. El resto estaban aún pendientes de ser valoradas para saber si les era reconocida una ayuda. En la actualidad, hay casi 400.000 personas esperando por algún procedimiento.
Lo grave es que la lista de espera se ha reducido en más de 34.000 personas, debido a fallecimientos y no a que sean atendidas.
Por otro lado, la sobremortalidad a causa de la pandemia, ha afectado más a quienes recibían ayudas en casa, con casi un 50% de exceso de muertes, que entre los que vivían en una residencia, con un exceso de casi el 9%.
Recordemos que este mismo año, a raíz de la pandemia, si pusieron 100.000 millones de euros a disposición de las grandes empresas y que unos meses ante de la misma, aún se seguían regalando miles de millones del erario público en “rescates” a la banca. No parece que haya la misma urgencia en la atención a las personas con dependencia, que en beneficiar a la banca y a las multinacionales.
Pero esto no es sólo un problema de dirigentes políticos y administraciones burocráticas. Hay, de fondo, un problema cultural: una sociedad que acepta, legitima e incluso aplaude el aborto y la eutanasia, es, evidentemente, una sociedad que no tiene ninguna prisa por socorrer a los más débiles y necesitados. Cuando se tiene más urgencia en rescatar una gran empresa o un banco que a una persona, es porque se ha convertido al ser humano en criatura sacrificable en el altar de la diosa Economía. Y en esto, todos somos responsables.
Pedro Gajete
