Nuevo ataque del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la Iglesia Católica. El líder del Ejecutivo ha ordenado el cierre de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta. La entidad lleva 40 años en el país centroamericano ofreciendo un servicio ininterrumpido a los más pobres, un trabajo que se ve frustrado por la cruzada del Gobierno.
Este fin de semana, el legislador sandinista Filiberto Rodríguez publicó una iniciativa de decreto que obligará a 101 asociaciones sin ánimo de lucro –entre ellas, las Calcutas– a cerrar sus puertas, con carácter «urgente», según informa Efe. Se espera que la decisión se discuta el martes 28 de junio en el pleno de la Asamblea Nacional, donde el partido de Ortega –el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)– y sus aliados cuentan con mayoría.
Además de las Misioneras de la Caridad, la lista contempla asociaciones como la Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, la Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores o la Fundación Nicaragua Aid Fundation. Desde diciembre de 2018, Nicaragua ha cancelado ya la personalidad jurídica de 657 ONG, incluyendo 42 organismos extranjeros. Con esta nueva remesa, la cifra total se elevará a 758 entidades.
Para justificar su cierre, el Ministerio de Gobernación advierte en un informe de que las Misioneras de la Caridad «han incumplido sus obligaciones» y cita hasta tres leyes. Entre ellas están la norma que regula estas entidades o la llamada ‘ley 977’; esto es, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En concreto, el informe señala que las hermanas Calcutas no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas ni asilo de ancianos, y que tampoco tienen permiso del Ministerio de Educación para tareas de refuerzo de aprendizaje.
El Gobierno insiste en el texto en que las hermanas no reportaron activos fijos ni informaron de las actividades realizadas en la ciudad de Granada, y que sus ingresos por donaciones no coinciden con los informes presentados. Además, su Junta Directiva está integrada en exclusiva por personas extranjeras, y la nueva ley –en vigor desde hace dos meses– establece que solo pueden ser de fuera de Nicaragua el 25 % de integrantes.
El pasado 18 de junio, varios medios denunciaban que el régimen sandinista había clausurado las obras de caridad de las Misioneras, tras 40 años de servicio ininterrumpido a los más pobres. «No sabemos si vamos a poder cumplir con todos los requisitos que están exigiendo», declaraba al diario La Prensa una de las hermanas del convento de las Calcutas en Granada, dos semanas antes de que se conociera la nueva lista del Gobierno.
La Asociación Misioneras de la Caridad fue creada en Nicaragua el 16 de agosto de 1988, bajo el primer régimen de Ortega (1979-1990), tras una visita al país de la Madre Teresa de Calcuta. En el país, las religiosas administran el Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada: allí acogen a adolescentes abandonados o abusados y les ayudan a reinsertarse en la vida.
También tienen un asilo de ancianos en la capital, Managua; un proyecto de refuerzo escolar a estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos. El Estado no ha planteado ninguna alternativa para suplir la labor de las Misioneras, dejando en situación de riesgo a todas las personas vulnerables que se beneficiaban de la entrega caritativa de las hermanas.
Para el portal Aleteia, el cierre de las obras de las Misioneras de la Caridad es una nueva muestra «de la intensa cacería que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica por considerarla opositora y golpista». Hace dos semanas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Batelet, confirmó la percepción: «Desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndoles e intimidándoles persistentemente», aseguró durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos.
El último Informe de Libertad Religiosa en el Mundo publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, de hecho, señala a Nicaragua como uno de los países con violaciones importantes de la libertad religiosa. Tras analizar los datos, el informe declara que en los últimos años «las instituciones religiosas y los fieles han sufrido cada vez más agresiones, siendo el objeto de delitos de odio y actos de intimidación contra quienes expresan su fe o la practican ayudando a las víctimas de la violencia».
Ese mismo 16 de junio, la Secretaría Episcopal de Centroamérica emitió un comunicado en el que los obispos de la zona expresaban su «dolor» ante el «clamor del pueblo nicaragüense», e instaban al Gobierno de Ortega a buscar «vías de diálogo». Nicaragua atraviesa una crisis política y económica desde abril de 2018, cuando el Gobierno aplastó una pequeña manifestación contra las reformas del sistema de pensiones. Desde entonces, cientos de personas han sido asesinadas, y miles han resultado heridas o han huido.
Fuente : El Debate
