En los últimos años la prepotencia y avaricia de ciertos inversores y empresas internacionales han sido tan agresivas y manifiestamente carentes de ética que poco a poco los pueblos y los gobiernos han despertado ante el abuso de derecho
3,3 millones de europeos escribieron a la Comisión Europea para rechazar el tratado propuesto entre la UE y los EE.UU.: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). La Comisión Europea lanzó una encuesta online: el 97% de los 150.000 participantes rechazaron el mismo tratado de libre comercio. A pesar de la oposición pública, los inversores y ciertos gobiernos que osan llamarse democráticos no abandonan su propósito.
Los tratados bilaterales y multilaterales de protección de inversores no tienen mucho que ver con la facilitación del comercio o con la reducción de tarifas que ya son bajísimas. El propósito fundamental es la abolición de cualquier control de las empresas, incluso la regulación de la salud, la protección del medio ambiente y del derecho laboral. El proceso ha sido fortalecido mediante la creación de tribunales de tres árbitros escogidos entre un grupo muy limitado de abogados comerciales, que hoy son árbitros, mañana consultores, pasado mañana, abogados de la empresa, y el año próximo miembros de la dirección de las mismas empresas. El conflicto de intereses es escandaloso, pero no hay apelación, y el llamado sistema de anulación no funciona.
El decano del Colegio de la Abogacía en Barcelona, Oriol Rusca, ha explicado cómo los tratados tipo el TTIP o TiSA debilitan la judicatura. El TTIP ataca a la justicia pública y los nuevos tribunales privados convierten la abogacía en una prestación de servicios mercantilista. El juez Rusca rechaza el sistema de arbitraje de disputas entre inversores y Estados: “Es una amenaza para todos, y en especial para los ciudadanos, que son a quienes defendemos los abogados. Es un retroceso clarísimo”.
Ya en junio de 2015 la asociación Jueces Para la Democracia adoptó una resolución explicativa: “El tratado tiene como objetivo declarado ‘eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etcétera) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios’. Todo esto en realidad significa la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al desarrollo sostenible, la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales.”
Artículo original: La boca del logo
