Las pensiones de viudedad son una lacra que actualmente margina a un estado de pobreza a más del 65 por ciento de las viudas españolas.
Las cuotas pagadas por el cónyuge son un patrimonio familiar que, en forma de pensión, debiera pertenecer a la viuda; más del 65% viven en estado de pobreza.
Las pensiones de viudedad son una lacra que actualmente margina a un estado de pobreza a más del 65% de las viudas españolas. La pensión media de viudedad es de 497,37 euros mensuales, o sea una tercera parte de la pensión media general, y por debajo del umbral de la pobreza.
Además, aunque las cuotas pagadas por el cónyuge a la Seguridad Social no dejan de ser un patrimonio familiar del que después se deriva la pensión de jubilación, cuando ésta revierte en pensión de viudedad, al morir el marido, el Gobierno le retiene un 48% y ella pasa a cobrar sólo el 52% de lo que era la pensión del difunto.
Como muy bien plantea Carlos Barceló, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, en un artículo de opinión publicado el 24 de junio, cabe preguntarse «¿qué razón legal asiste al Gobierno para retener un 48 por ciento de este patrimonio?
Más de un millón de viudas pobres
Actualmente hay en España 7,2 millones de habitantes mayores de 65 años, la mayoría jubilados. De ellos, 3 millones son hombres y 4.2 millones mujeres.
Se calcula que el número de personas que reciben una pensión de viudedad son 2,2 millones de españoles, un 26,8 por ciento de los 8,2 millones de pensionistas. Con cifras del 2004, las mujeres representaban el 93,27 por ciento del total de beneficiarios de pensiones de viudedad, o sea algo más de dos millones de viudas.
Así, estamos hablando de 1,3 millones de mujeres (65 por ciento) que, a su condición de esposa que ha perdido a su compañero de toda la vida, ha de sumar la de una persona que mal sobrevive con el dinero que cobra.
Si se toma como referencia la pensión media de viudedad (497,37 euros), estas mujeres cobran un 34,8 por ciento de lo que es la pensión media general y su retribución está muy por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), de 570,6 euros, e incluso es inferior a lo que se considera el umbral de la pobreza (528,9 euros).
Les quitan casi la mitad
Por otra parte, en el proyecto de ley de Medidas en materia de Seguridad Social, que aprobó el Consejo de Ministros el 16 de febrero pasado, se aborda por primera vez desde 1978 una reforma de la pensión de viudedad.
Es de suponer que en esa reforma se revisen al alza las pensiones de viudedad, pero, mientras tanto, la pensión de viudedad vigente es del 52 por ciento de la de jubilación. O sea, que el Gobierno se queda con un 48 por ciento de la pensión que cobraba el marido de la actual beneficiaria.
Tal como argumenta Barceló en su artículo, la pensión de jubilación «es en sí una capitalización de las cuotas pagadas por el cónyuge, es decir, un patrimonio forzado por la legislación que ha de tener la consideración de bienes gananciales, pertenecientes al cónyuge sobreviviente en su totalidad».
«No se trata, pues, de una gratificación estatal, sino de una parte del patrimonio familiar», concluye el experto.
Publicado en la Revista Autogestión
